■ Consiguió una suspensión contra la orden de aprehensión por tráfico de influencias
Amparo provisional impide que el empresario Kamel Nacif sea detenido
■ Sólo tendrá que presentarse a declarar ante el juez penal del fuero común que lo requiere
El empresario textilero Kamel Nacif Borge consiguió una suspensión provisional en vía de amparo que le garantizará no ser aprehendido en territorio mexicano, revelaron fuentes jurídicas cercanas al caso.
La semana pasada un juez del fuero común libró una orden de aprehensión en contra del llamado Rey de la mezclilla, a quien la Procuraduría General de la República (PGR) imputó el delito de tráfico de influencias.
Las fuentes consultadas indicaron que el pasado fin de semana un juez federal con sede en Cancún, Quintana Roo, admitió a trámite la demanda de amparo que solicitó Kamel y le concedió la protección provisional.
Sin embargo, el juzgado segundo de amparo ordenó al inculpado presentarse de inmediato ante el juez de lo penal que lo reclama, a fin de comparecer y rendir la declaración preparatoria.
La diferencia es que Kamel no será detenido y una vez que termine la diligencia judicial podrá regresar a su domicilio, ya que el delito que se le imputa no es considerado grave por las leyes penales.
Hasta el momento se desconoce cuánto tuvo que exhibir de fianza el empresario textilero para que surta efecto la suspensión en vía de amparo.
La semana pasada el juzgado primero de lo penal libró órdenes de aprehensión por el delito de tráfico de influencias en contra de Kamel Nacif, y por abuso de autoridad en contra de los policías del estado de Puebla que trasladaron, en diciembre de 2005, de ese centro turístico a la capital poblana a la periodista Lydia Cacho Ribeiro, según revelaron mandos de la Fiscalía Especializada de Atención de Delitos Cometidos en contra de Periodistas (Feadp) de la PGR.
La petición de orden de aprehensión contra Kamel Nacif se sustenta en que una camioneta de su propiedad y varios de sus empleados apoyaron a los policías judiciales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla en el traslado de la periodista de Cancún a la ciudad de Puebla.
A pesar de que la PGR inició las investigaciones por este caso, la dependencia federal ya nada tiene que ver con el litigio, pues una vez que consignó el expediente a un juez federal, éste se declaró incompetente y un tribunal colegiado determinó que en el asunto debía entender un juzgado del fuero común, por lo que las órdenes de captura deben ser cumplimentadas por agentes quintanarroenses, o bien, si esas autoridades emiten una alerta a las policías del país, entonces cualquier otra corporación puede realizar las aprehensiones.