Usted está aquí: martes 6 de mayo de 2008 Capital Interpone AN denuncia penal contra dos servidoras del GDF

■ Niega funcionaria que fotografía corresponda al supuesto hecho

Interpone AN denuncia penal contra dos servidoras del GDF

■ Las acusa de participar en movimiento de adelitas en horas de trabajo

B. T. Ramírez y R. González

La lideresa del panismo capitalino, Mariana Gómez del Campo, interpuso una denuncia penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de la coordinadora general de Atención Ciudadana, Leticia Ramírez Amaya, y de la subdirectora de Atención y Seguimiento del gobierno de la ciudad, Yara Mallinali George Hernández, por su presunta participación en el movimiento conocido como las adelitas, el 10 de abril anterior, lo que violenta los artículos 216 del Código Penal Federal y 261 y 266 del Código Penal del Distrito Federal.

La denuncia, que entregó a las 11 de la mañana en la oficialía de partes de la PGR, asienta que “de las conductas previstas en los artículos anteriores, se desprende que las funcionarias, desde el 10 de abril del año en curso y durante los días subsecuentes, al ocupar los accesos al Senado e impedir el paso a cualquier persona que quisiera ingresar en dichas instalaciones, así como obstruir el paso en la calles aledañas sin derecho, permiso o autorización alguna para ello. tuvieron el propósito de impedir las funciones legislativas federales”.

Según la denuncia, las funcionarias realizaron dichas actividades “en horario laboral, desatendiendo sus funciones en la administración pública del Distrito Federal, lo que implica que desplegaron una actividad consciente, típica y dolosa que, a nuestro juicio, puede ser constitutiva de delito”.

Indicó que las servidoras, “con salarios de 70 mil y 25 mil pesos, respectivamente, estuvieron acompañadas de diversas funcionarias públicas de la citada coordinación general, siendo que dichas personas, al ser servidores públicos, están legalmente impedidas para participar en tales actos, más aún tratándose de horas laborales”.

Tras interponer la denuncia, presentó a los medios de comunicación una foto en la que presuntamente ambas funcionarias se encuentran participando en una de las manifestaciones realizadas por las adelitas.

Detalló que la denuncia está sustentada en el artículo 216 del Código Penal Federal, el cual indica: “cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.

Invoca además el artículo 266 del Código Penal, el cual señala: “a los servidores públicos que con el fin de impedir o suspender las funciones legislativas, administrativas o jurisdiccionales se coaliguen y tomen medidas contrarias a una ley, reglamento o disposición de carácter general, impidan su aplicación, ejecución o dimitan de sus puestos, se les impondrá prisión de dos a siete años y de 100 a 300 días de multa.” Asimismo invoca el artículo 261 del Código Penal del Distrito Federal.

En respuesta, la coordinadora general de Atención Ciudadana y Gestión Social, Leticia Ramírez Amaya, señaló que hasta la tarde de ayer no había sido notificada por las autoridades competentes sobre la denuncia presentada en su contra por su supuesta participación en actividades enmarcadas dentro del movimiento en defensa del petróleo en horario laborable.

De ello, apuntó que sólo ha tenido conocimiento a partir de lo revelado por los medios de comunicación, por lo que desconoce a detalle de lo que se le acusa.

Sin embargo, aclaró que la fotografía que se difundió como prueba corresponde a un evento realizado el domingo 6 de abril en el Monumento a la Revolución, es decir, en día y horario no laborable, y no en las inmediaciones del recinto del Senado, como se hizo saber.

 
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