■ Hay indicios de que Hacienda retiene recursos a municipios no panistas, dice la iniciativa
Propone el PRI reforma para evitar el uso electoral de fondos para seguridad pública
■ Plantea mecanismo para recaudar el doble de dinero para atender el mayor reclamo social
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Narcomensaje, este domingo en Culiacán
Foto: Javier Valdez
A pesar de que el tema de la seguridad pública es “el mayor reclamo de la sociedad”, los recursos destinados a este rubro, a partir del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, decreció 3.4 por ciento en 2008 respecto del año anterior, mientras el gasto para seguridad pública se redujo de 50 pesos per cápita en 2006 a 45 pesos en 2008, advierte en un documento de análisis el Centro de Estudios en Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.
A pocos meses de que se inicie formalmente el año electoral, en el que habrá de renovarse la Cámara de Diputados, el grupo parlamentario del PRI insistió en que debe evitarse la aplicación discrecional por parte del gobierno federal de los distintos programas sociales y propuso una iniciativa de reforma, que tiene por objeto prevenir el uso electoral de recursos públicos mediante el mencionado fondo.
La reforma busca que el dinero destinado a fortalecer los esquemas de seguridad municipal y estatal para hacer frente al crimen organizado se aplique sin consideraciones de carácter político-electorales, luego de asegurar que “hay indicios” de que existen estados y municipios que carecen de esos recursos aprobados por el Congreso desde diciembre, mismos que debieron ser entregados por las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública, mientras que otros, “destacadamente los panistas”, han ejercido ya buena parte de dichos recursos.
En entrevista José Rosas Aispuro, legislador del PRI, señaló que los 5 mil millones de pesos aprobados en el Presupuesto de Egresos de 2008 para operar este fondo son insuficientes, ya que municipios con graves problemas, como el narcotráfico, sólo cuentan con tres policías y a veces no hay armamento ni patrullas, además de que no les son suministradas las partidas correspondientes.
La iniciativa propone que, con una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, no sea sólo 0.3 por ciento de la recaudación federal participable la que se destine a la operación del fondo, sino que ésta se incremente más 100 por ciento, a efecto de llegar a 0.7 por ciento de la recaudación federal, lo que representaría una bolsa de casi 10 mil millones de pesos a repartirse en los municipios.
En la exposición de motivos de la iniciativa, se subraya la discrecionalidad con que las secretarías de Seguridad Pública y de Hacienda distribuyen dicha partida, por lo que sugiere la aplicación de mecanismos claros, como los índices de habitantes; la tasa de ocupación penitenciaria; la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados, y el avance en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.
Dicho fondo se aplica para la modernización de la infraestructura de seguridad pública, la adquisición de inmuebles, compra de armamento y para la procuración e impartición de justicia, por lo que la iniciativa advierte sobre la necesidad de que los recursos destinados a la operación de este fondo no sólo sean suficientes, sino que el otorgamiento de los mismos sea transparente y fácilmente auditable y cumplan con el fin de garantizar la seguridad pública que reclama la población.