■ Tilda la acción de “juicio sumario, digno de prácticas antidemocráticas y dictatoriales”
La comisión de garantías se lanza contra Ortega porque pidió que la sancionaran
■ El organismo perredista aclara que su resolución fue para pasar a la calificación de los comicios
La Comisión Nacional de Garantías (CNG) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) criticó las recientes declaraciones de Jesús Ortega, candidato a la presidencia perredista, quien sugirió que se sancione a los integrantes de ésta.
Esa afirmación “sin duda alguna constituye un juicio sumario a la actuación de la comisión, sólo digna de prácticas antidemocráticas y dictatoriales, alejada en mucho de la pretensión de ajustarse a la normatividad interna del partido como en todo momento lo han venido expresando”, señalaron Ernestina Godoy y Renato Sales, integrantes de la CNG.
En un comunicado, la comisión aclaró que su resolución del pasado 21 de abril fue para dar por concluida la etapa de cómputo (de la elección del pasado 16 de marzo) y pasar a la etapa de calificación de la elección.
Dicha resolución –agrega la CNG– en ningún momento tuvo como fin dar por ganador a candidato alguno, puesto que no se ordenó emitir una constancia de mayoría y mucho menos declarar como presidente electo a alguno de los candidatos.
“Simple y sencillamente, concluir la etapa de cómputo y tener la posibilidad de analizar puntualmente las casillas controvertidas, ya en la etapa de calificación de la elección”, aseveró.
Godoy y Sales aseguraron que el objetivo de dicho trámite (criticado e impugnado por Jesús Ortega en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque mantiene con ventaja a Encinas con 83 por ciento de votos computados) es dar viabilidad jurídica y política al PRD, por encima de la opinión de sus integrantes.
El código electoral obliga a los partidos políticos a mantener en funcionamiento efectivo sus órganos estatutarios.
La CNG afirmó que ha sometido sus resoluciones a la opinión pública y a la comunidad jurídica, pero en lugar de obtener opiniones de ese tipo “nos hemos encontrado con ataques políticos”.
Ante ello hicieron un llamado a candidatos y simpatizantes a que respeten la autonomía de la comisión y se sometan a los mecanismos jurídico-procesales existentes para defender sus derechos.
Recordó que, de acuerdo con el estatuto partidista vigente, el Consejo Nacional sólo puede sancionar a los integrantes de la CNG mediante la remoción.
“Por ello resulta grave que un candidato pretenda proponer al Consejo Nacional una sanción a los comisionados de Garantías por haber emitido una resolución que no le favorece.
“Lo anterior es más grave aún –añade– cuando la resolución ha sido impugnada ante el tribunal electoral y antes de esperar su resolución (se hace) una valoración política y no jurídica.”
Impugnaciones
Al vencer el plazo para la impugnación de la elección del 16 de marzo, la CNG precisó que la disputa interna fue la que enfrascó el cómputo de la misma, la renuncia de los integrantes de la Comisión Técnica Electoral y el término del mandato de la presidencia y del Consejo Nacional y Comité Ejecutivo Nacional, sin que se haya logrado la calificación de la elección.
La fórmula encabezada por Alejandro Encinas presentaría un recurso con base en un texto de más de mil 500 cuartillas, en el cual se incluye la impugnación de 400 casillas.
En tanto, el equipo de Jesús Ortega presentará argumentos acerca de irregularidades en 450 casillas.
Las mayores anomalías ocurrieron por la recepción del voto por personas no designadas reglamentariamente para ello; permitir el sufragio de personas no incluidas en la lista nominal y la existencia de una decena casillas zapato en favor de Encinas y otras donde aparecieron mil boletas en favor del candidato de Izquierda Unida.
En ese contexto, la CNG comenzará la etapa de análisis de las impugnaciones a partir de las primeras horas del martes.
Ante la desconfianza que manifiesta hacia la CNG, Ortega Martínez ha presentado ante el tribunal electoral cuatro recursos para la protección de derechos electorales, con el propósito de que los magistrados ordenen desconocer la resolución de la comisión de garantías del pasado 21 de abril, precisamente la que dio pie a las declaraciones que él hace ahora ante esa instancia.