■ Empresas se apropian de patentes y fijan los proyectos en función de la rentabilidad
Vulnera el capital privado la esencia de la universidad pública, dicen expertos
Con la acentuada contracción del gasto público en la educación superior, la activa participación de las empresas en el financiamiento de universidades e institutos ha generado “efectos socialmente perversos”, ya que las investigaciones y descubrimientos generados quedan bajo control del capital privado.
Las prioridades de la investigación se fijan entonces por el mundo de los negocios y se vulnera así el papel primordial de las universidades, que es diseminar el conocimiento, porque éste deja de hacerse público por pertenecer a las empresas que lo financian, advierte el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), un grupo de organismos e investigadores creado en el año 2000, por iniciativa de la Red Ciudadana para la Abolición de la Deuda Externa.
Con tal de incentivar la inversión empresarial en las investigaciones universitarias, es cada vez más común que los gobiernos tiendan a promover cambios legislativos que favorecen el registro de patentes para el sector privado y la compra-venta de nuevos hallazgos científicos, toleren o promuevan la subcontratación de la investigación y creen en los campus parques tecnológicos industriales que benefician a los empresarios.
Además de vulnerarse el papel de las universidades como diseminadoras del conocimiento, también se atenta contra sus cualidades centrales como la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, “ya que los temas a investigar se escogen en función de criterios de rentabilidad y no de criterios académicos”.
Los recursos fluyen de las empresas a los institutos de investigación y universidades, pero ello provoca que éstos sufran una alteración en sus funciones tradicionales porque, en primer lugar, implica que “los conocimientos y descubrimientos efectuados en el sector público puedan pasar a ser controlados por el capital privado”.
La apropiación del conocimiento puede realizarse de distintas formas, alerta el análisis sobre la relación cada vez más estrecha entre los intereses privados y la universidad pública, realizado por Toni Verger, del ODG.
“Una manera habitual es que la empresa que subcontrata una investigación a la universidad tenga la primicia a la hora de explotar la patente resultante. Las empresas, en ocasiones, sin haber financiado el proceso de investigación, se limitan a la caza de patentes. Así, la inversión pública en investigación no la rentabiliza la sociedad, sino las empresas privadas. Otra forma de apropiarse del conocimiento es que los mismos investigadores universitarios tienden a vender la patente de sus hallazgos a las empresas”, detalla.
El caso es que el conocimiento se privatiza porque los resultados de las investigaciones financiadas por el sector privado no se publican, y con ello se deja de generar nuevo conocimiento.
“El mundo de los negocios fija las prioridades y la agenda de la investigación universitaria. Hoy en día, muchos investigadores y departamentos aspiran a obtener recursos en concursos promovidos desde el sector privado, cuyas bases están estructuradas, principalmente, con base en los intereses de la parte financiadora”, abunda.
El ODG refiere como ejemplo que la Comisión Europea recomienda a sus países miembros que las dos terceras partes del gasto en investigación y desarrollo sean aportadas por el sector empresarial y que en Inglaterra ha alcanzado grados tan altos que una sola empresa financia departamentos enteros, tal como ocurre con el Instituto de Biociencias de Energía, creado a partir de una alianza entre dos empresas petroleras a fin de generar biocombustibles.
Por último, el observatorio señala que los resultados de una investigación pueden ser alterados para favorecer o no perjudicar a la empresa financiadora, con lo que queda en entredicho la autenticidad del conocimiento obtenido, o bien se incurre en casos de censura contra los científicos.