■ Los pueblos originarios, excluidos del debate con el Ejecutivo, acusa
Grave situación de miles de familias pobres, asegura organización campesina argentina
Buenos Aires, 26 de abril. Mientras vuelve a potenciarse el conflicto entre productores del campo y el gobierno, en el otro extremo el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) denunció la grave situación de olvido de miles de familias campesinas pobres y el injusto esquema soyero del país, que resulta en trabajo negro y cesantía, mientras existe un reparto cada vez más inequitativo de la tierra.
El Mocase es uno de los movimientos campesinos de mayor relevancia y sus líderes e integrantes han sufrido ataques y persecuciones de productores y sus grupos de choque, los que muchas veces actúan con amparo policial.
Según el documento, en Argentina viven 280 mil familias de 22 pueblos indígenas, y 220 mil familias campesinas. No producen soya ni suscriben los agronegocios, siembran alimentos, crían animales para autoconsumo y tienen una relación especial con la tierra; no la consideran un medio para los negocios y se entienden como parte de ella, de su cultura, su historia y un bien común “de las próximas generaciones”.
Agrega que “los pueblos originarios y el campesinado fueron sistemáticamente excluidos del debate el último mes, cuando las cuatro entidades más tradicionales y conservadoras del campo argentino realizaron un paro patronal inédito en el país”.
Afirma que estas cuatro entidades, Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Confederación Intercooperativa Agropecuaria y Federación Agraria, “se movilizaron y desabastecieron de alimentos las grandes ciudades por un principal objetivo: el aumento de su rentabilidad, bendecidos por el precio internacional de la soya. Los chacareros, sean grandes o pequeños, en ningún momento corrieron peligro de pérdidas económicas, pero sí (luego de una medida impositiva del Estado) estuvieron a punto de ganar menos dinero del esperado”.
Sin embargo, para ellos y otros campesinos pobres, todos, incluso el gobierno, silenciaron temas como que en el mercado “de agronegocios mundial Argentina es visto como un alumno modelo. En 1997, en Argentina se cosecharon 11 millones de toneladas de soya transgénica y se utilizaron 6 millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a 47 millones de toneladas y abarcó 16.6 millones de hectáreas”.
También señala que este país es el tercer exportador mundial de grano de soya (luego de Estados Unidos y Brasil) y el primero de aceite. Debido a esto en Argentina ya no se producen alimentos y, como paradoja, no se come soya.
Otro problema es que el modelo de agronegocios basado “en la soya transgénica desalojó, en los últimos 10 años, 300 mil familias de campesinos e indígenas, que tuvieron por destino barrios empobrecidos de grandes ciudades”.
A esto se añaden los desmontes, y señala que en “sólo cuatro años, por el avance de las plantaciones de soya, dejaron de existir un millón 108 mil 669 hectáreas de bosques nativos (unas 32 hectáreas por hora). También denuncia la enorme concentración que significa el modelo agropecuario.
Según este trabajo, “10 por ciento de las denominadas explotaciones agropecuarias más grandes concentra 78 por ciento de las tierras, mientras que 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas 5 por ciento de la superficie cultivable del país”, con su consecuencia de desempleo y la escasa necesidad de trabajadores que supone la soya.
Otro de los temas es la grave afectación para salud ya que se registran datos de malformaciones en recién nacidos, cáncer y otras enfermedades mortales en las zonas campesinas, y establece que “en el último año se emplearon “165 millones de litros de glifosato, un agrotóxico”.
Menciona también que las compañías con mayor rentabilidad en el negocio soyero (exportadoras y proveedoras de insumos) son las trasnacionales Monsanto, Dupont, Syngenta, Bayer, Nidera, Cargill, Bunge, Dreyfus, Dow y Basf, entre otras, y que “ninguna de ellas fue cuestionada durante el reciente conflicto”.