■ La reforma en la materia exige coordinación entre los poderes de la Unión, asevera

Para mexicanos, falta en el país justicia pronta y expedita, admite Calderón

Claudia Herrera y Jesús Aranda

Los mexicanos perciben que en el país no hay justicia pronta ni expedita. “Ésa es la verdad”, admitió ayer el presidente Felipe Calderón Hinojosa.

Frente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) delineó una serie de tareas pendientes en la aplicación de la reforma judicial, que ya fue aprobada por 12 congresos locales, como son agilizar los procesos vigentes y modificar el amparo con el fin de que se elimine el ejercicio abusivo de éste y deje de dilatarse la justicia.

Aseguró que es deber de los poderes públicos garantizar que agentes del Ministerio Público, policías y jueces estén mejor pagados y muy bien protegidos, así como que su ejercicio sea plenamente transparente para ponerlos a salvo de la amenaza de extorsión y contra su misma vida.

El congreso El sistema de justicia penal en México, retos y perspectivas no contó con la participación anunciada de los líderes del Senado y de la Cámara de Diputados, Santiado Creel y Ruth Zavaleta, quienes habían confirmado su presencia, según la invitación oficial.

En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, que fue cercado varias cuadras a la redonda por el Estado Mayor Presidencial, el michoacano demandó la coordinación entre los poderes, dado que la entrada en vigor de la reforma judicial requiere con urgencia el diseño y un proceso de transición ordenado y coherente.

Confió en que con estos cambios se podrán reducir espacios para la corrupción y la impunidad, porque se sientan las bases para que el Ministerio Público y las policías investiguen los delitos de manera más eficaz, expedita y profesional y tiendan a obtener la evidencia que se presente ante el juez de manera más precisa.

Abogó así por mejorar la capacitación de los encargados de operar la reforma: jueces, magistrados, de ministerios públicos y de policías. El objetivo, expresó, es que haya un sistema de procuración de justicia a la altura de los enormes desafíos que plantea la consolidación del estado de derecho en el país.

A su vez, el anfitrión del evento, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, presidente de la SCJN, comentó que el derecho penal está “profundamente vinculado” con las expectativas de justicia de la sociedad, “porque es el más antiguo sustituto de la venganza privada”.

Luego de referirse al reto que representa para los tres poderes de la Unión la reciente reforma en materia constitucional, el ministro presidente sostuvo que el Poder Judicial tendrá la encomienda de imponer la pena que corresponda a cada delincuente, pero “sujetando su potestad al procedimiento señalado en la ley”.

El derecho penal, insistió, como todo ordenamiento jurídico, es una expresión de la convivencia que los mexicanos queremos y, por ello, “el desafío de todos los tiempos ha sido la evolución de las instituciones y de los mecanismos que garantizan el orden social”.

Ortiz Mayagoitia se comprometió ante Calderón y el procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, a que una vez que los congresos locales ratifiquen la reforma constitucional en materia penal (12 ya lo hicieron), el Poder Judicial realizará las previsiones que se requieran “y destinará el tiempo y los recursos financieros, materiales y humanos que sean necesarios para mantenerse a la altura de la Constitución”.