■ El delito que se imputa al llamado Rey de la mezclilla es tráfico de influencias
A más tardar en una semana se sabrá si otorgan orden de aprehensión contra Nacif
■ Los abogados del empresario ya tuvieron “acercamientos” con el juzgado que atiende el caso
El juzgado primero de lo penal con sede en Cancún, Quintana Roo, resolverá a más tardar la próxima semana si libra o niega la orden de aprehensión en contra del empresario textilero Kamel Nacif y cinco policías de Puebla que detuvieron y torturaron sicológicamente a la periodista Lydia Cacho, desde su detención en Cancún, en diciembre de 2005, y durante el traslado de la también escritora a un penal poblano.
Fuentes oficiales cercanas al caso revelaron que el delito que se imputa al llamado Rey de la mezclilla es tráfico de influencias, el cual no es grave y le permitiría obtener la libertad provisional bajo fianza, además de que el inculpado puede tramitar un amparo para evitar la eventual detención.
Los abogados del despacho Farell –que defienden a Kamel Nacif– han tenido “acercamientos” con funcionarios del juzgado primero de lo penal y confían en que se negará la orden de captura, según las fuentes consultadas.
Originalmente la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR) consignó ante un juez federal de Cancún a los policías y a Kamel Nacif como coparticipe de los actos en perjuicio de Lydia Cacho.
Sin embargo, el juzgador federal determinó que no era competente y turnó el caso al juzgado primero de lo penal, el cual tampoco quiso entender en el tema.
Fue un tribunal colegiado federal el que resolvió la semana pasada que el caso debía ser conocido por los juzgados del fuero común en Cancún, ya que el delito de tráfico de influencias se habría dado por el hecho de que Kamel Nacif y los policías obtuvieron el apoyo de autoridades estatales.
La resolución del tribunal colegiado le fue notificada al juzgado primero la semana pasada, pero como el delito imputado a Kamel Nacif no es grave, el órgano jurisdiccional cuenta con 15 días hábiles para pronunciarse respecto a librar la orden de aprehensión.
En el pliego de consignación que presentó la Procuraduría General de la República no se incluyó al gobernador de Puebla, Mario Marín, ni a la ex procuradora de esa entidad, Blanca Laura Villeda, quienes también fueron denunciados penalmente por Lydia Cacho.
La periodista oriunda de Cancún realizó una investigación y publicó el libro Los demonios del Edén, en el que puso al descubierto una red internacional de pederastas que opera desde ese destino turístico gracias a la protección de políticos y empresarios.