■ Rechazan pobladores plan ecoturístico que encabeza Paz y Justicia
Puente en Chiapas consolida las discordias intercomunitarias
Roberto Barrios, Chis., 15 de abril. Tal vez sea coincidencia. Una vez construido y puesto en uso el puente Luis H. Álvarez en esta comunidad, asiento de uno de los caracoles zapatistas, la Secretaría de Gobernación ya no considera necesaria una coordinación para el diálogo de paz en Chiapas, cuya disolución ya sólo falta que la firme el secretario Juan Camilo Mouriño.
Es más que un símbolo que esta flamante obra caminera (y sus implicaciones sociales, que son muchas) venga a nombre del último coordinador del diálogo (aunque formalmente hubo uno más, Hugo García), comisionado por el Presidente de la República. El panista Álvarez impulsó con inusual entusiasmo la creación de un balneario turístico en el corazón de este poblado tzeltal. Y con ello, ofreciendo desarrollo, ayudó eficazmente a dividir a sus pobladores. La mayoría, no obstante, rechaza los planes ecoturísticos que se ciernen sobre la comunidad.
“Es una burla para nosotros que el puente se llame así, si es una persona que rechazamos” dice Aurelio Pérez Pérez, uno de los cuatro representantes perredistas que hablan con La Jornada en el centro del poblado. En referencia al grupo priísta minoritario, identificado con Paz y Justicia, que sirve de punta de lanza para el proyecto turístico, añade: “Desde el principio, Luis H. Álvarez y su delegado Jesús Caridad se entienden con ellos”.
Es el grupo que profiere amenazas, realiza disparos, agrede a las bases zapatistas y a quienes acuden al caracol, tanto de los municipios autónomos de la zona norte como de la sociedad civil. El único y minoritario grupo que acepta los proyectos turísticos y privatizadores del gobierno federal. El único, por tanto, que espera beneficios.
“Los priístas no toman en cuenta al pueblo. Su intención es privatizar el río. No vamos a tener libertad. Aquí la gente no quiere que se llene de turistas”, abunda el representante indígena. “El gobierno construyó el puente para todos; ahora nos pone condiciones, pues tiene otros planes”. O sea, la carretera y el puente son para algo más que comunicar a los pobladores.
Manuel Díaz, “comité de base del PRD”, denuncia que los priístas “quieren poner una caseta de cobro en el puente, y en la comunidad no estamos de acuerdo”. El puente está 100 metros antes del caracol zapatista, y el grupo oficialista ya ha tratado de impedir el paso a indígenas y no indígenas, ostentando armas y bloqueando el acceso.
El gobierno pretende “hacer reserva estas montañas, para negocio de ellos. Lo que es del pueblo, lo acaparará su grupo. Por eso quiere obligarnos al Procede, para que la gente mal utilice sus tierras”.
Es sabido que el titular de la CDI, antes coordinador del diálogo por el gobierno federal, se reunía con ese grupo priísta leal al funcionario panista; identificación que, tratándose de Chiapas, ilustra lo nebulosos e imprecisos que son los contornos de los partidos políticos.
Con su llegada a la CDI, convirtió a la cada día más reducida agencia indigenista del Ejecutivo en constructora de puentes y caminos, tan “inocentes y desinteresados” como éste, o el que en Jalisco se pretende construir a través de la sierra huichola en Tuapurie.
“En todos los proyectos está CDI”, interviene Aurelio. “Pero ya no viene Álvarez; manda al sustituto, Hugo García, uno que tiene la misma idea.”