Usted está aquí: domingo 6 de abril de 2008 Política En evidencia, desventajas jurídicas para los pueblos nativos de México

■ Afrontan torturas y corrupción, advierte abogado

En evidencia, desventajas jurídicas para los pueblos nativos de México

Hermann Bellinghausen y Ángeles Mariscal (Enviado y corresponsal)

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 5 de abril. La crisis penitenciaria desatada en Chiapas por la extensa protesta de huelgas de hambre y ayunos en tres cárceles puso en evidencia la situación que prevalece en materia jurídica para los pueblos indígenas, tanto en el estado como en el país. No sólo se confirmó la existencia de prácticas como aprehensiones arbitrarias, tortura, autoinculpaciones forzadas y sentencias bajo consigna por motivos políticos. Se reveló que las desventajas jurídicas de los indígenas son muchas.

Un caso reciente, en apariencia menor: el pasado 4 de marzo, Martín Pérez Vázquez, de 50 años, así como su hijo y Mariano Pérez Pérez, de 27, tzotziles del municipio de Zinacantán, fueron detenidos y acusados ante la justicia federal de robo, ataque a las vías generales de comunicación y pandillerismo, estos últimos considerados graves. Habían cortado algunos metros de la malla de alambre colocada en los cerros de la carretera federal San Cristóbal-Tuxtla Gutiérrez. Ellos declararon que la querían para hacer gallineros. Actualmente afrontan un proceso por el que podrían alcanzar hasta 12 años de prisión.

Numerosos juristas y observadores han señalado que la normatividad nacional no respeta las particularidades culturales y los derechos de los pueblos nativos. Ése es uno de los fundamentos de los incumplidos acuerdos de San Andrés, que precisamente ofrecían soluciones al desequilibrio legal que tantos conflictos y sufrimientos causa a los indios mexicanos.

Consultado por La Jornada, Miguel Ángel de los Santos, abogado desde hace muchos años de decenas de presos indígenas y defensor de los derechos humanos, propone la revisión general de los casos de los reclusos en Chiapas. Considera que quienes protestaron con huelgas de hambre encarnan “casos extremos”, pero hay otros que están “igual o peor”, y no necesariamente relacionados con conflictos políticos, agrarios o sociales.

“Las detenciones arbitrarias y la tortura como medios para obtener confesiones son comunes”. Obedecen –dice– a un intento de las autoridades judiciales “por mostrar eficiencia en la resolución de procesos”. Si bien son prácticas generalizadas, en el caso de los indígenas (la tercera parte de la población en el estado) “se agrava por las diferencias culturales y desventajas económicas”. En Chiapas, particularmente en la zona indígena, “las sentencias de libertad cuestan hasta 50 mil pesos, sea culpable o no el acusado”.

Tortura e intimidación son frecuentes durante los procesos, pero a los nativos “los enfrenta a un sistema judicial que les es ajeno, porque ellos resuelven sus problemas con otros mecanismos, sin policías judiciales, ministerios públicos y menos la aplicación de la tortura”. De los Santos asegura que “el sistema de justicia penal no considera las diferencias culturales”. Compara esto a lo que puede experimentar cualquier mexicano procesado en Estados Unidos “bajo reglas, lengua y condiciones que desconoce”.

Como ilustran las experiencias de los presos en Chiapas y Tabasco que se declararon en huelga de hambre y ayuno desde febrero, hay una clara desventaja del indígena frente a los procesos judiciales.

Los procesados indígenas suelen hablar poco español, o nada. Los traductores y abogados de oficio son muy deficientes, cuando hay. “Por ejemplo, las discusiones legales no las traducen y, por tanto, los acusados no entienden qué pasa”, relata.

“El factor económico es otra desventaja. Secretarias, actuarios y hasta jueces piden dinero para agilizar procesos a conveniencia. Gran porcentaje de los detenidos vive en lugares lejanos, no puede pagar un abogado, y las familias raramente cuentan con medios para hacerse presentes y coadyuvar presentando pruebas para la defensa. Los presos son abandonados literalmente, sometidos a procesos que les son ajenos, y al final sentenciados sin que sepan muchas veces cuál fue su delito”.

Sólo por eso, juzga el abogado, se debería revisar cada uno de los casos de los indígenas presos, como se hizo en Oaxaca entre 2004 y 2005, cuando se excarceló a cerca de 2 mil.

 
Compartir la nota:

Puede compartir la nota con otros lectores usando los servicios de del.icio.us, Fresqui y menéame, o puede conocer si existe algún blog que esté haciendo referencia a la misma a través de Technorati.