■ Asegura que la “condonización” no es la solución al problema
Demanda el Episcopado más políticas públicas en favor de enfermos de sida
En la atención y prevención del VIH-sida todavía está pendiente el diseño de políticas públicas que garanticen la tutela, promoción y defensa de los derechos de quienes viven con este mal, señaló la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la cual insistió en la abstinencia sexual y la fidelidad conyugal como mecanismos eficaces para frenar la propagación de esta enfermedad, convertida ya en “emergencia global”.
“No necesitamos una condonización, ésta no es la solución”, dijo Hernán Quezada García, religioso jesuita y asesor de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS), quien señaló que el pago cuantioso de patentes a las empresas farmacéuticas eleva el costo de los medicamentos para atender este mal, por lo que cualquier dinero, público o privado, resulta insuficiente.
En la 85 asamblea del Episcopado se insistió en la gravedad del sida, que es una de las más grandes crisis de salud, seguridad y desarrollo humano que haya enfrentado el planeta y el hombre mismo. Dijeron que son alrededor de 190 mil personas que viven con el VIH en México, en un número que crece constantemente.
Sin embargo, los cuatro religiosos y obispos presentes en la conferencia de prensa, sorprendidos por la pregunta sobre el número de religiosos o religiosas que enfrentan esta enfermedad, sólo acertaron a decir que no tenían dichos datos. “No tenemos información”, respondió el presidente de la CEPS y obispo auxiliar de Monterrey, Gustavo Rodríguez Vega.
En esta asamblea, la Iglesia católica se prepara para participar en la 17 Conferencia Mundial de Sida, a celebrarse del 3 al 8 de agosto en la ciudad de México. A los trabajos episcopales asiste como invitado especial Robert Vitillo, asesor de Cáritas Internacional para el tema del VIH-sida. Se estima que en la conferencia internacional participen unas 25 mil personas, entre investigadores, trabajadores de la salud, miembros de la sociedad civil, políticos y personas portadoras del virus, además de las iglesias y asociaciones religiosas.
Junto con el obispo Rodríguez, los religiosos Hernán Quezada y Armando Flores –éste último secretario ejecutivo de la CEPS–, no quisieron entrar en polémica con las autoridades del sector salud, pese a que en el pasado la Iglesia ha criticado al gobierno federal de distribuir condones de manera masiva, promoviendo el libertinaje sexual.
Ayer, aunque señalaron la urgencia de que todas las personas e instituciones involucradas en esta tarea deben trabajar de manera coordinada, con una política pública definida, rechazaron que el gobierno y las organizaciones religiosas vayan en sentido contrario en el combate y prevención de esta enfermedad, uno distribuyendo condones y las otras promoviendo la abstinencia y la fidelidad.
Los religiosos, incluyendo a Robert Vitillo, señalaron que hay diversos sectores que agravan las consecuencias de esta pandemia. Estos factores tienen que ver con situaciones de pobreza e injusticia, con la falta de legislaciones y políticas públicas eficaces, con los intereses de lucro de empresas farmacéuticas que elevan el costo de los medicamentos y tratamientos para el VIH-sida, y con la falta de acceso a la seguridad social y a programas de prevención que contemplan al ser humano en todas sus dimensiones.