■ La petición está basada en argumentos “falaces”, señala la mayoría de las fuerzas políticas

Rechaza el Senado la solicitud de ampliación presupuestal del IFE

■ Es un “despropósito” y un “desvarío” que se opone a la intención de lograr mayor ahorro

Andrea Becerril

El Senado de la República criticó y rechazó ayer la solicitud del Instituto Federal Electoral (IFE) de ampliar su presupuesto en casi mil 500 millones de pesos, pretensión que PAN, PRD, PRI, PT y Convergencia consideraron indebida y fundada en argumentos “falaces”, que rompe además con el propósito de reducir el gasto público en la materia.

El panista Ricardo García Cervantes llevó ante el pleno la propuesta de expresar desacuerdo “absoluto” con que se aprueben tales recursos al IFE. “Es un despropósito” y un “desvarío, ya que el instituto plantea crear centros de monitoreo ¡en cada uno de los 300 distritos electorales y en sus 32 oficinas estatales!” en todo el país, lo que daría lugar a “sistemas de control” de los medios de comunicación similares a los del “gran hermano”.

Senadores de la mayoría de las fuerzas políticas –la excepción fue el PVEM– aplaudieron y se sumaron a la propuesta de García Cervantes. El perredista Pablo Gómez dijo que el Consejo General del IFE intenta “crear una policía electrónica” y parece que “se ha extraviado” y su demanda millonaria “es una venganza” en respuesta a la decisión de la Cámara de Diputados que les rebajó el presupuesto de este año.

El también perredista Ricardo Monreal aludió a la “ifecracia”, a la nueva “casta” en la dirección del instituto, que se ha fijado “salarios onerosísimos y no tiene llenadera”.

García Cervantes, Gómez y Monreal rechazaron que las reformas recientes en materia electoral requieran unos mil 500 millones de pesos para que el IFE asuma las nuevas tareas que le corresponden.

El senador Javier Orozco, del PVEM, fue el único que defendió el pedido del instituto y hasta sostuvo que la postura de los consejeros es “coherente”, ya que requieren equipos modernos para monitorear las estaciones de radio y televisión y éstos “son costos”.

Sin embargo, García Cervantes hizo notar que de los mil 453 millones de pesos adicionales a su presupuesto de este año que el IFE pide a la Secretaría de Hacienda, pretende destinar mil 237 millones para atender “supuestos requerimientos” producto de la reforma electoral.

En realidad, añadió, el instituto pretende esos recursos para crear un centro nacional de monitoreo en el Distrito Federal y otros centros en cada una de las 300 instalaciones distritales y en sus 32 oficinas estatales, con equipo electrónico, para vigilar y certificar las transmisiones y contenidos de la programación en las estaciones de radio y canales de televisión.

Además, destinar 187.7 millones de pesos al envío de materiales de audio y video a las concesionarios de radio y televisión; 440.5 millones a la verificación de transmisiones de audios y videos del IFE, y 333.6 millones al monitoreo de programas en medios electrónicos que difundan precampañas y campañas electorales.

Monreal, a su vez, desglosó por día tales gastos y reveló que el instituto gastaría unos 20 millones de pesos diarios, incluyendo sábados y domingos, en lo que resta del año, tan sólo para verificar que se transmitan sus anuncios en radio y televisión.

García Cervantes advirtió que es motivo de preocupación y de alerta la actitud del presidente y de los consejeros del IFE, toda vez que la reforma electoral tuvo entre sus objetivos disminuir el costo de las elecciones, y en forma alguna crear un estado totalitario, “con capacidad de verificar y controlar todo lo que oímos, vemos y leemos”.

Sostuvo que el monitoreo puede realizarse con muchos menos recursos, ya que el IFE puede disponer incluso de la capacidad instalada en la Secretaría de Gobernación.

El senador Pablo Gómez insistió en que el IFE sólo debe monitorear a las estaciones de radio y televisión para determinar que cumplen con el deber de transmitir los mensajes que el propio instituto les hace llegar, y para saber también que no difunden material político-electoral prohibido por la ley. Eso es todo, recalcó; no se requiere que el IFE se convierta en “policía electrónica”.

Por mayoría se aprobó el rechazo a la ampliación presupuestal que el IFE pretende y el acuerdo se notificó ayer mismo a la Secretaría de Hacienda y al propio instituto.