Yucatán: tapan posibles desvíos en dos alcaldías
Mérida, Yuc., 3 de abril. Diputados priístas de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal aprobaron sin mayor trámite las cuentas de 55 municipios rurales correspondientes al primer semestre de 2006, a pesar de que dos de esos legisladores fueron alcaldes y se habrían encubierto mutuamente presuntos ilícitos a costa del erario.
Los otros dos legisladores, de cinco que integran dicha comisión, Rodolfo González Crespo, del Partido Acción Nacional (PAN) y Bertha Pérez Medina, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se negaron a votar en favor de la aprobación inmediata de las cuentas de 55 ayuntamientos, “ya que se presta a fuertes sospechas” de desvío de recursos públicos. El asunto se debatió hasta altas horas de la noche del miércoles.
Los diputados priístas Enrique Castillo Ruz, Cornelio Aguilar Puc y Luis Rodríguez Canto se encargaron de dar celeridad al trámite. Sin embargo, a la oposición le llamó la atención que Castillo Ruz y Aguilar Puc fueron ediles de Umán y Dzidzantún, respectivamente, en el periodo 2004-2007, aunque pidieron licencia a finales de 2006 para contender por las diputaciones en los comicios estatales de mayo de 2007.
El caso que más llamó la atención fue el de Aguilar Puc, ex edil de Dzidzantún –comunidad agrícola del oriente de Yucatán–, ya que es esposo de Guadalupe Ortega Pacheco, presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y hermana de la gobernadora Ivonne Ortega Pacheco.
“No queremos pensar mal, pero el asunto del diputado Cornelio (Aguilar) despierta fuertes sospechas”, indicó uno de los legisladores de oposición.
Sin explicar el motivo de su prisa, la tercia de legisladores del tricolor aprobó las cuentas, incluidas las de sus respectivos municipios. Los representantes del PAN y del PRD se negaron a votar a favor, pero la mayoría priísta se impuso.
Los diputados opositores recordaron que durante las administraciones municipales de Enrique Castillo y de Cornelio Aguilar se documentaron denuncias por supuesto desvío de recursos del erario federal y estatal para sufragar sus campañas políticas. Sin embargo, las quejas fueron archivadas.
El caso del otro diputado del PRI e integrante de la comisión de Hacienda, Luis Rodríguez Canto, también es relevante, ya que se desempeñó como alcalde de Tizimín en el periodo 1998-2001 y dejó el cargo en medio de acusaciones de corrupción, nepotismo y desvío de millones de pesos