■ Sus padres contemplan la posibilidad de pedir asilo político para ella en Ecuador

Se opondrá el gobierno ecuatoriano a pretensión colombiana de interrogar a Lucía Morett Álvarez

Blanche Petrich

El gobierno de Ecuador y la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (ALDHU), que representa a las familias de las víctimas mexicanas muertas en el ataque del ejército de Colombia en la región fronteriza de Sucumbíos, se opondrán con todos sus recursos a la pretensión del gobierno de Álvaro Uribe de interrogar a la universitaria mexicana Lucía Morett Álvarez, sobreviviente del bombardeo y quien convalece aún en el hospital militar de Quito.

Ante la insistencia de Bogotá de realizar el interrogatorio y el silencio de las autoridades mexicanas, que no se han pronunciado sobre esta situación, Lucía y sus padres Jorge Morett y María Jesús Álvarez contemplan la posibilidad de solicitar para la joven de 26 años refugio político en Ecuador.

Funcionarios del gobierno en Bogotá han expresado sospechas por la presencia de los cinco estudiantes mexicanos –cuatro de los cuales murieron en el ataque– en el campamento de las FARC en la región fronteriza. El ministro de Defensa de ese país, Manuel Santos, afirmó que los mexicanos “no son unos angelitos”.

En entrevista telefónica, el secretario general de la ALDHU, Juan de Dios Parra, informó que las dos jóvenes colombianas que resultaron heridas junto con Lucía –Doris Torres y Martha Pérez– ya formalizaron su petición de refugio. La familia Morett definirá mañana si formaliza también una solicitud en este sentido. En opinión del dirigente de la organización no gubernamental que defiende a Lucía, el refugio político “es una posibilidad” dentro del abanico de opciones que está contemplando la joven.

Indicó además que los médicos que atienden sus lesiones han diagnosticado una recuperación avanzada y podrá ser dada de alta la próxima semana.

Sin embargo, Parra aseguró que “no existe un riesgo” de que el gobierno colombiano consiga su pretensión de interrogar a Lucía Morett, mucho menos de obtener su extradición a Colombia, “y no existe ese riesgo porque nosotros, por petición de la propia Lucía y sus padres, nos vamos a oponer a cualquier tipo de interrogatorio”.

Aclaró que las autoridades en Bogotá no han solicitado a Quito realizar el “interrogatorio” que han mencionado frecuentemente en los últimos días ante la prensa.

Pero si llegaran a hacerlo, advirtió el dirigente de la ALDHU, “vamos a exigir reciprocidad, e implica que Colombia entregue la identidad de los responsables del ataque y poder interrogar, en Ecuador, a los militares que participaron en el operativo de Sucumbíos, a quienes perpetraron la matanza, a quienes dieron las órdenes, a quienes planificaron la acción”.

Parra aclaró que de acuerdo con lo señalado por la Fiscalía General de Ecuador, Lucía no ha sido encausada por ningún delito ni hay en curso algún procedimiento judicial acusatorio en su contra, “y una vez que sea dada de alta podrá decidir lo que quiere hacer. Si quiere pedir refugio en Ecuador, si regresa a México, es una decisión que no conocemos”.

–¿Cree que el gobierno de Ecuador tiene la misma posición que usted respecto a la pretensión del gobierno de interrogar a Lucía?

–Desde luego que sí.

El defensor explicó que está avanzando la conformación del expediente para demandar al gobierno de Colombia por actos de terrorismo según el artículo 160 del Código Penal de Ecuador.

“Actualmente se encuentran en Quito dos expertos forenses de la Universidad de Estrasburgo realizando exámenes periciales. Se han allegado documentos, videos, fotografías. Hay que agotar todos los recursos aquí antes de ir a las instancias internacionales, de manera que esto tiene un largo desarrollo por delante”, afirmó.

La ALDHU asumió además la defensa de la familia del obrero ecuatoriano Franklin Aizalia, quien también murió en el campamento de las FARC. El ejército de Colombia se llevó su cuerpo a Bogotá y lo presentó como el líder guerrillero Julián Conrado.

“Hemos planteado a la fiscalía la apertura de una investigación especial por cuanto la condición de civil de Aizalia está plenamente acreditada”, dijo Parra. “Fue un ciudadano ecuatoriano muerto en una operación de guerra ilegítima en territorio ecuatoriano. Aquí se configuran al menos dos delitos: asesinato agravado porque los perpetradores actuaron con premeditación, de noche, utilizando armamento altamente exagerado y rematando a las víctimas, y tratando de ocultar su identidad. Y además, según el artículo 160 del código penal de Ecuador por lo que se define como acción de terrorismo, que consiste en que aquel que introduzca al país armamento, explosivos o sustancias tóxicas con el propósito de causar daño a terceros, lesiones o muertes, está incurso el delito de terrorismo”.