Dimiten fiscales colombianos por narcoparapolítica
Bogotá, 19 de marzo. Catorce miembros de la cúpula de la fiscalía colombiana renunciaron hoy tras ser acusados de revelar detalles de las investigaciones sobre narcoparapolítica a las personas indiciadas, informó hoy la prensa.
Hasta ahora más de 50 políticos, en su mayoría cercanos al presidente Álvaro Uribe, han sido acusados de vínculos con paramilitares de ultraderecha y el narcotráfico. Más aún, 22 se hallan en prisión, pero el caso ha sido relegado por los medios ante la liberación de secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y luego de la muerte del jefe rebelde Raúl Reyes, en territorio ecuatoriano, el pasado primero de marzo.
A todo esto, el gobierno ecuatoriano anunció que enviará la próxima semana una misión a Colombia para investigar la presunta muerte de uno de sus ciudadanos en el bombardeo al campamento en que fue abatido Reyes.
El ejército colombiano informó en esa ocasión que retiró el cadáver de Reyes junto al de otro guerrillero identificado como Julián Conrado. Pero ahora quedó establecido que ese cuerpo no corresponde al de Conrado y una familia ecuatoriana sostiene que los restos serían de Franklin Aizalia, un cerrajero que trabajaba en un barrio pobre del norte de Quito.
La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos, con sede en Quito, denunció la muerte de un líder campesino ecuatoriano a manos de militares en Colombia, y pidió que la justicia investigue el hecho.
Indicó que Manuel Jiménez, dirigente del recinto Puerto Nuevo (a orillas del río limítrofe San Miguel, Ecuador), cruzó el 15 de marzo a Putumayo para visitar una finca de su propiedad, y que su cadáver apareció dos días después en la morgue de Puerto Asís.