Planta funcionario a colonos desalojados
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Colonos del municipio de Escobedo desalojados de sus viviendas y obligados por el gobierno del estado a vender a bajo costo esperan al diputado del PT Silvano Garay, quien no acudió a la cita
Foto: David Rubio
Monterrey, NL, 3 de marzo. Vecinos de la colonia Nueva Castilla, municipio de Escobedo, se quedaron esperando al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el petista Silvano Garay Ulloa, a quien iban a mostrarle la destrucción de sus casas y el despojo de sus terrenos por parte del Instituto Estatal de la Vivienda (IEV), donde ocho empresas inmobiliarias pretenden construir un macrodesarrollo habitacional y de servicios en el predio de 187 hectáreas.
Los colonos forman parte de un grupo de más de 800 familias que en los cuatro años recientes han sido desalojadas paulatinamente de sus viviendas mediante amenazas, denuncias penales por despojo de inmueble o presiones para que vendan a bajo precio sus propiedades.
Aseguraron que cuando esas acciones de intimidación no logran persuadirlos, el IEV y los empleados de las inmobiliarias recurren al incendio o destrucción de las casas con maquinaria pesada cuando están desocupadas.
Dijeron que hace nueve años compraron sus terrenos al capitán del Ejército Mexicano Leopoldo Bautista Flores, quien adquirió en 1967 un polígono de 187 hectáreas que abarca partes de los municipios de Salinas Victoria, Apodaca y Escobedo.
Gabriela Bautista Valdovinos, Patricia Borjón, Gustavo Mendoza y Sidonia González, entre otros, señalaron que sus problemas empezaron en diciembre de 2003, cuando se constituyeron el IEV y un fideicomiso formado por ocho inmobiliarias que acaparan el mercado en éste y otros estados del país, las cuales se encargarían de “impulsar el desarrollo de conjuntos habitacionales de interés social”.
Expusieron que han presentado denuncias contra varios funcionarios del IEV, pero el mismo titular de la agencia del Ministerio Público número 2 de Escobedo, José Luis López Lugo, los manda al instituto para que “negocien”, para “agarrar algo” y no quedar en la calle.
De las 900 familias que habitaban la colonia Nueva Castilla hace cuatro años sólo quedan unas 70. El resto fueron desalojadas o vendieron a bajo precio al gobierno estatal. El diputado federal del PT nunca llegó a constatar las denuncias.