Como en Estados Unidos
Los debates sirven. El que se ha dado, con muchos trabajos, con cerrazón de un sector importante de los medios, alrededor de la propuesta llamada “reforma judicial” (pero que en realidad debiera llamarse reforma policiaca), ya ha dado algunos frutos; uno muy visible es la marcha atrás en una parte importante del proyecto inicial: lo referente a los cateos sin orden judicial, que ya no se podrán hacer al amparo constitucional.
Ciertamente quedan otras barbaridades peligrosas para los derechos humanos, señalo solamente dos: la autorización a todas las policías, equiparándolas con el Ministerio Público, e incluir, dentro del capítulo de garantías individuales de la Constitución, el arraigo como si no se tratara de una arbitrariedad en contra de la libertad individual.
Pero el debate ha producido otros frutos importantes. Creo que ante las críticas abiertas, algunas airadas, insistentes de ciudadanos comunes, pero muy conscientes, y también de juristas destacados, algunos políticos defensores de la reforma han expresando poco a poco los objetivos verdaderos, de fondo, de la modificación constitucional; las palabras los traicionan, se ponen nerviosos y en su afán de defender las bondades que sólo ellos ven en esta llamada por el humor popular ley Gestapo, salen a relucir las verdades y los motivos profundos que los mueven.
En un foro sobre la reforma que tuvo lugar en enero pasado en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, el diputado César Camacho Quiroz, presidente de la Comisión de Justicia del Distrito Federal, al contestar las críticas que hacíamos el suscrito y el doctor Ricardo Franco Guzmán a los aspectos más oscuros del proyecto, que ya circulaba entonces, dijo, aunque después trató de rectificar, que lo que buscaban con la reforma era “mano dura”, y así es: se trasluce entre los diversos preceptos constitucionales que pretenden reformar que la intención es tener más instrumentos de fuerza, juicios rápidos, facultades para detener sin muchas formalidades, cárceles especiales para los arraigos, intervenciones telefónicas y de otros medios de comunicación y principalmente cuerpos policiacos sin control ni de jueces ni del Ministerio Público, bajo mandos centralizados y listos para combatir la delincuencia, pero también, si se requiere, reprimir movimientos sociales.
Pero otra declaración más alarmante es la del mismo Felipe Calderón ante empresarios de la Cámara Americana de Comercio, frente a los cuales festinó la aprobación por los diputados de la traída y llevada reforma, diciendo que “ayudará a que tengamos juicios como los que realizan en Estados Unidos” (El Universal, 27/2/08).
Con esta declaración se expuso claramente cuál es la mentalidad de los autores del proyecto. Las verdaderas intenciones de quienes han venido impulsando, desde hace ya varios años, la transformación de los principios que rigen nuestros procesos Judiciales penales, es doble: por una parte la “mano dura” a que se refirió el diputado Camacho, pero, por otra, continuar por el declive de la imitación ilógica de las instituciones de nuestros vecinos del norte.
Ciertamente, muchas prácticas y corruptelas en la procuración y administración de justicia se deben corregir en nuestro país pero más que en la ley en la práctica cotidiana, heredera del viejo sistema mentiroso y voraz que por muchos años sostuvo el sistema político de partido casi único. Tenemos que corregir esas prácticas, capacitar más y mejor a policías, agentes del Ministerio Público y jueces, dotarlos de equipo y apoyo, para el desempeño de sus funciones y también supervisarlos para que no se den recaídas en la vieja corrupción, para ello no necesitamos cambios constitucionales ni mucho menos limitaciones a las garantías individuales y mentiras sobre la supuesta innovación de instituciones, que, como dijo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son tomaduras de pelo.
Lo dicho por Calderón indica por otra parte, que políticos profesionales y algunos sectores minoritarios quieren que nuestro país cada vez sea menos México y cada vez sea más Estados Unidos; quizá piensen, como algunos lo hicieron en el siglo XIX, en una nueva estrellita en la bandera. Sueñan en que algún día nuestra nación independiente, que ellos no pueden gobernar, porque no tienen el apoyo popular, sea un protectorado o francamente una colonia de nuestros vecinos, a quienes admiran, imitan, y de los que esperan la solución de nuestros problemas. Les tienen a los estadunidenses un temor reverencial, su subconsciente les hace soñar en ser algún día como sus modelos: blancos, sajones y protestantes, ah, y por ahí de paso, que nos hagan muy pero muy “competitivos”. La dignidad nacional, el sentimiento patriótico, el orgullo de lo nuestro, brillan por su ausencia.
Por otra parte, me gustaría saber cuáles son los juicios que tanto admira el presidente en ejercicio; ¿se referirá a los que se siguen en contra de los prisioneros de guerra recluidos en la cárcel extraterritorial de Guantánamo? O quizá este pensando en aquellos procesos que siempre culminan con sentencias de pena de muerte si los reos son mexicanos o afroestadunidenses, pero que siempre absuelven o condenan a penas leves, si se trata de los dolicocéfalos rubios; o pudiera ser que tenga en mente los procesos llevados a cabo con tortura por ahogamientos simulados, cuya prohibición el presidente Bush dijo que vetaría.
Pero no, probablemente estoy exagerando y no se trate de nada de eso, sino que tan sólo estamos ante un exceso de horas de televisión, admirando los pulcros e impecables programas de La ley y el orden, perdón, Law & Order.