■ En 2006 se perdió oportunidad de fortalecer la legitimidad del instituto

El IFAI debe evitar a toda costa crisis de credibilidad: Ackerman

■ La amistad del comisionado presidente con Calderón, funcionarios y dirigentes de AN abonó a sospechas sobre la independencia del organismo

Elizabeth Velasco C.

El Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) debe “hacer hasta lo imposible por blindarse de una posible crisis” interna, asegura John M. Ackerman, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en transparencia, combate a la corrupción, rendición de cuentas y otros temas.

A cuatro años de la fundación de ese instituto y en el contexto de una reforma a la Ley Federal de Transparencia (LFT), advierte sobre la necesidad de “romper algunas inercias a corto plazo”, además de criticar que se haya dejado pasar por alto el esclarecimiento de “cuestionamientos respecto a posibles conflictos de interés entre algunos comisionados y el gobierno en turno”.

En el ensayo El IFAI: diseño, desempeño y sociedad civil –materia de un libro próximo a difundirse– se destaca también que “el pleno del IFAI aún no se convence del todo de la necesidad de defender el principio de máxima publicidad a toda costa o de ejercer todas sus facultades de investigación y de interpretación de la ley” para hacer posible la apertura de información gubernamental.

Crisis en organismos autónomos

En un contexto donde otros organismos independientes atraviesan por una “crisis de legitimidad” –dice en alusión al Instituto Federal Electoral y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, el experto en derecho electoral y políticas públicas plantea como uno de los retos de ese joven instituto no sólo “la plena defensa del derecho de acceso a la información”, sino también “una interlocución más productiva con la sociedad civil”.

Con respecto a las diferencias que han surgido por asuntos vinculados a conflictos de interés, Ackerman evalúa lo ocurrido el 22 de noviembre de 2006, cuando “los comisionados perdieron una gran oportunidad de fortalecer la legitimidad de la institución”.

El académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se refiere al día que se votó por el pleno una propuesta de modificar el Reglamento Interno del IFAI, para prevenir y regular conflictos de interés que pudieran presentarse entre los comisionados del instituto y alguna de las partes de un recurso de impugnación.

“La preocupación fue sobre todo con respecto al comisionado presidente entrante, Alonso Lujambio, quien públicamente había expresado su amistad con el (entonces) presidente electo, Felipe Calderón, y tiene fuertes vínculos personales con algunos secretarios del nuevo gobierno, así como con dirigentes del PAN, el partido en el gobierno.”

De ese suceso señala la “derrota desafortunada” que tuvo la propuesta del comisionado Juan Pablo Guerrero, quien sugirió a sus colegas la presentación de una declaración pública de intereses, para transparentar los vínculos de amistad, políticos o de negocios que tuvieran con altos funcionarios del gobierno, además de que cualquier comisionado pudiera iniciar un procedimiento de impedimento en contra de otro integrante del pleno, lo cual fue rechazado por Lujambio, María Marván y Alonso Gómez Robledo.

“Esta derrota de la iniciativa de Guerrero abonaba las sospechas que ya existían con respecto a la independencia del IFAI”, subraya, y en particular se refiere al “vínculo de Lujambio tanto con Vicente Fox como con Calderón (que) levantaba sospechas fundadas con respecto a su independencia en el cargo”.

Todos estos acontecimientos ocurrieron en un contexto de fuerte cuestionamiento de los resultados de las elecciones presidenciales y, como señala Ackerman: “se requería de una acción firme tanto de Lujambio como del pleno del IFAI para demostrar su autonomía del gobierno”.

Mayor apertura a la sociedad

Aunado a lo anterior, Ackerman destaca que para consolidar los avances del IFAI –institución que reconoce como “clave” en la democratización del país–, “falta mucha mayor proactividad, profesionalismo y apertura a la sociedad civil de parte de los comisionados y de los funcionarios”.

En un análisis de las resoluciones jurídicas del IFAI, a partir de datos de la agrupación Libertad de Información México AC (Limac), Ackerman destaca que los comisionados ya han elaborado su propia interpretación de la Ley Federal de Transparencia –una especie de “jurisprudencia” para dar un mismo enfoque a casos parecidos–, cuyo contenido, si bien refleja una “gran seriedad y compromiso” del pleno, “los criterios de interpretación no siempre son los mejores” ni más proactivos para garantizar el derecho a la información.

Al respecto, cita los casos en que el pleno del IFAI determinó catalogar como clasificadas las fotografías de los servidores públicos, a pesar de que no se rebatieron los argumentos de Guerrero (quien emitió un voto disidente –recurso 934/05– junto con el ex comisionado Horacio Aguilar): “más allá de la necesidad de proteger las identidades de algunos servidores públicos involucrados en operaciones encubiertas, hace falta una razón de peso para esconder las caras de los funcionarios, que son los empleados de la ciudadanía y trabajan en su nombre”.

También evalúa aquellos casos en que el IFAI “se ha negado a entrar en el fondo del asunto”, como es el caso de las inexistencias declaradas por la Presidencia de la República, tanto las vinculadas con el sexenio de Vicente Fox como las más recientes del gobierno de Felipe Calderón (caso de la indígena Ernestina Ascensión, presuntamente violada por militares), o aquellos en que, con “su voto disidente”, Lujambio “defiende la decisión de no otorgar acceso a las escrituras públicas que forman parte del expediente de evolución patrimonial” de los funcionarios, a pesar de que forman parte de un registro público.

Sin embargo, Ackerman también hace un amplio reconocimiento a diversas resoluciones del IFAI donde obliga a la apertura y rendición de cuentas, como el caso de los fideicomisos gubernamentales; el fallo de la licitación de la venta de Cintra (Aeroméxico y Mexicana de Aviación) contra la Secretaría de Hacienda, y el recurso emitido por el ex comisionado José Octavio López Presa, mediante el cual fue posible la apertura de los gastos de representación de Marta Sahagún de Fox.

Este caso es particularmente importante, porque, al contrario de lo que actualmente decide el pleno del IFAI (excepto Guerrero), López Presa usó “hasta sus últimas consecuencias su facultad de ‘suplencia de la queja’ (la Ley Federal de Transparencia faculta al pleno del IFAI en su artículo 52 a subsanar las deficiencias de los recursos interpuestos por los ciudadanos) para obligar a la Presidencia a rendir cuentas sobre todos los gastos que Marta Sahagún (alimentación, viajes, vestuario, joyas, etcétera) efectuó el sexenio pasado a cuenta del erario, es decir, de la ciudadanía”.