Admite la SCJN rectoría federal en política social
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer que la única forma en que los estados y municipios tengan acceso a fondos federales para programas de desarrollo social es mediante la firma de convenios con el gobierno federal.
Al iniciar la discusión de la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados contra el Ejecutivo federal por el contenido de diversos artículos del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, los ministros consideraron que la Federación desempeña un papel rector en materia de política social.
A pesar de que en la sesión los ministros no pudieron determinar si la Ley General de Desarrollo Social prevé la existencia de varios padrones de afiliados para distintos programas, o si la legislación se refiere a un solo padrón de afiliados a nivel federal, el pleno convalidó por 10 votos contra uno el artículo 16 del reglamento.
Sólo Sergio Salvador Aguirre Anguiano señaló que es de una norma inconstitucional, ya que obliga a las dependencias del gobierno federal a celebrar convenios de coordinación con los estados y municipios para obtener fondos de la Federación.
Inicialmente Mariano Azuela había dicho que es inconstitucional obligar a entidades y ayuntamientos a firmar esos convenios, porque eso no está previsto en ninguna ley. Sin embargo al final reculó y se sumó a la mayoría. La discusión continuará el próximo lunes.