Dictamen de la Corte se alinearía con el Ejecutivo
El que la Constitución prevea que los derechos sociales (que tienen que ver sobre todo con programas de combate a la pobreza) tengan alcance general “no significa universalizar” su aplicación, porque “el acceso universal a la totalidad de los derechos sociales con exclusión de políticas focalizadas” haría impracticable la política pública del Estado con relación a los grupos más marginados de la sociedad.
Lo anterior lo establece el ministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío Díaz en su proyecto de dictamen, al que tuvo acceso este diario, en el que le da la razón al Presidente de la República en la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados en contra del Ejecutivo federal por la promulgación del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
El asunto que revisará el máximo tribunal tiene gran trascendencia, señalaron fuentes judiciales, ya que la decisión tendrá impacto directo en la forma como el gobierno federal integrará su presupuesto en materia de desarrollo social y el padrón de beneficiarios de dichos programas, por entidad federativa; también establecerá con qué criterios y en qué forma se medirán pobreza, marginalidad y vulnerabilidad de la población, así como los sistemas de evaluación y financiamiento de los programas.
Según los legisladores, el gobierno mexicano ignora su papel de “Estado de bienestar” al establecer determinados parámetros que impiden que los programas de combate a la pobreza se apliquen de manera general.
El documento de Cossío, que será discutido este jueves, plantea que es un “absurdo” pretender que todos los programas sociales pudieran ser accesibles para todos, “sin poder distinguir entre grupos o personas para su asignación”.
Sostiene que no es posible hablar de derechos sociales sin sistema de identificación e instrumentación que se dirija a los grupos que requieren prioritariamente la disminución de su desventaja frente al resto de la población.
La Constitución en materia de derechos sociales es un complejo entramado que conjunta las obligaciones prestacionales del Estado “con la concurrencia y coordinación de sus facultades en materia financiera y presupuestal”, lo que le permite al Estado “jerarquizar” y establecer “prioridades” para su asignación en materias específicas, dependiendo de las necesidades particulares de los ciudadanos.
Persisten sectores desatendidos
En los hechos, confiaron fuentes judiciales, el proyecto convalida los parámetros de medición de la pobreza establecidos por el gobierno de Felipe Calderón, en que se centra la atención únicamente en los sectores más marginados, dejando de lado a otros grupos sociales que viven no en pobreza extrema, sino simplemente en pobreza.
Precisamente, lo que combaten los diputados es que el Ejecutivo federal por medio de un reglamento pase por encima de la Ley General de Desarrollo Social, al establecer “programas focalizados” dirigidos a grupos específicos.
Cossío afirma en su escrito que ni la Constitución ni la ley referida establecen un mandato específico para que el Estado garantice el bienestar de la población.