Usted está aquí: martes 26 de febrero de 2008 Política Aumentan las dudas sobre la facultad del IFE para regular la publicidad institucional

El PRD considera que los lineamientos generales son parciales e incompletos

Aumentan las dudas sobre la facultad del IFE para regular la publicidad institucional

Alonso Urrutia

El debate en torno a la aprobación en el Instituto Federal Electoral (IFE) de los lineamientos generales para regular la publicidad institucional y de legisladores ha pasado de la unanimidad con que se pretendía aprobar hace 10 días a la diferencia de criterios entre los consejeros, sobre todo respecto a los alcances de las facultades del organismo.

Para el consejero electoral Arturo Sánchez, antes de aprobar cualquier criterio hay que definir si el IFE tiene facultades para interpretar la Constitución y si tiene posibilidades de sancionar a funcionarios, medios de comunicación o a ciudadanos.

A su vez, algunos de los partidos políticos difundieron sus dudas sobre el proyecto que se pretendía aprobar en la sesión del 15 de febrero pasado. Así, por ejemplo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) demanda el replanteamiento total del documento, por considerar que tiene deficiencias importantes en los considerandos y en los alcances que la autoridad pretende asumir para sancionar a funcionarios y políticos.

En su consideración, la propuesta resulta “parcial e incompleta” y recurrentemente se incurre en una “tergiversación del término ‘comunicación informativa’ y pretende distinguir y circunscribir la prohibición a servidores públicos que ocupen cargos superiores”. De igual forma, considera el PRD, “resulta inadmisible” que el IFE establezca formas particulares de comunicación social con la pretensión de presumir un fin informativo, abriendo posibilidades de promoción individual de los miembros de los cuerpos legislativos”.

Asimismo cuestiona que en el documento se indica que el IFE conocerá y sancionará las infracciones sin precisar bajo qué hipótesis lo hará, pues las disposiciones legales hacen referencia a infracciones cometidas durante los procesos electorales, pero no alude a los otros periodos. Es preciso definir las competencia de la autoridad en tiempos electorales y no electorales.

Por su parte, Sánchez planteó sus dudas respecto del proyecto, destacando que “el esfuerzo de interpretación y de definición de atribuciones no puede darse de un día para otro, pues es preciso tener el sustento legal para aprobar dichos criterios. No quisiera que nos apresuremos y cometamos errores, para empezar, sobre la posibilidad que tenemos de interpretar la Constitución”.

Subrayó que el IFE no puede aventurarse a sancionar funcionarios, medios de comunicación o ciudadanos sin tener la certeza de cuál es el fundamento legal para hacerlo y en qué supuestos se deberá realizar.

 
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