Ordena tribunal a juzgado realizar nuevo dictamen
Cancelan sentencia a siete agentes de la AFI implicados en asesinato
Un tribunal unitario canceló ayer la sentencia a 47 años de prisión dictada en agosto pasado contra siete elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que en mayo de 2004 presuntamente asesinaron a golpes a un comerciante del mercado de Sonora, ubicado en el Distrito Federal, quien se opuso a un operativo antipiratería de la Procuraduría General de la República (PGR).
El primer tribunal unitario determinó que los dos peritajes que se realizaron al cadáver del comerciante Manuel Zárate no fueron contundentes para concluir que murió de asfixia por bronco aspiración.
Por ello, el tribunal de alzada ordenó al juzgado décimo de distrito, con sede en el Reclusorio Oriente, que de inmediato cancele el fallo de primera instancia, ordene la realización de una junta de peritos y efectúe un nuevo dictamen pericial para emitir otra sentencia, que puede ser condenatoria o absolutoria.
En su resolutivo, el magistrado Fermín Rivera señaló que la sentencia condenatoria dictada hace seis meses contra los siete elementos de la AFI es violatoria de sus garantías de defensa, debido a que no existe definición clara sobre los motivos médicos que causaron la muerte al comerciante.
Por lo pronto, los ex agentes de investigación Ricardo Riande, Germán Vallejo, Paulo Mendoza, Hedi Edmundo Pérez, Jorge Cervantes, Miguel Martínez Ornelas y Rogelio Velásquez continuarán detenidos en el Reclusorio Oriente, en espera de la nueva sentencia.
Este caso se inició el 28 de mayo de 2004, cuando los agentes cumplimentaban, como parte de un operativo de decomiso de artículos apócrifos, una orden de cateo en los locales 22, 22B, 24 y 15D en la avenida del Canal, en la colonia Merced Balbuena, cerca del mercado de Sonora.
Durante el cateo fue asesinado a golpes el dueño de tres bodegas comerciales.
Las primeras investigaciones del homicidio las llevó a cabo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), pero de inmediato fueron atraídas por la PGR, debido a que agentes federales estaban implicados.
Inclusive, el entonces delegado de la PGR en el Distrito Federal, Rolando López Villaseñor, acudió personalmente a las instalaciones de la PGJDF para solicitar que los siete elementos de la AFI retenidos quedaran a disposición del Ministerio Público Federal.
Los siete inculpados son juzgados por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad.