Usted está aquí: miércoles 20 de febrero de 2008 Política Plantón de mil indígenas contra una carretera en la sierra norte de Jalisco

No pedimos ni necesitamos el camino, contradicen a autoridades estatales y federales

Plantón de mil indígenas contra una carretera en la sierra norte de Jalisco

Los wixaritari denuncian racismo, negligencia médica y daños a la propiedad comunal

Hermann Bellinghausen

En el punto más alto de la sierra norte de Jalisco, a un lado del cerro La Puerta, la comunidad wixárika de Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitlán, mantiene un multitudinario plantón contra la carretera (y sus inevitables agregados “modernizadores”) que les imponen el gobierno federal, por conducto de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), y el estatal. Un millar de indígenas están plantados desde el pasado día 11 en Ciénega de Los Caballos, dentro de su territorio legal y tradicional.

Las declaraciones de funcionarios federales y estatales, siempre panistas, justificando paternalistamente la construcción de la carretera, pueden engañar a los medios y a sectores de la opinión pública urbana, pero no a los indígenas. La obra no está pensada para los pobladores de esa región característica. Busca crear infraestructura turística (cabañas, comercios, servicios) y establecer cotos de caza deportiva, muy del gusto de la burguesía jalisciense, y con “potencial” internacional. También facilitar la extracción de productos forestales y minerales.

En sus argumentos para convencer a los wixaritari, los funcionarios invocan la promesa de accesibilidad de servicios de salud, sin darse cuenta de que tocan una fibra especialmente sensible de los catarineros. En tiempos recientes han padecido en demasiadas ocasiones los efectos de la negligencia médica, la corrupción y el racismo más abierto.

El colectivo Coa, que trabaja con la comunidad de Tapurie, refiere que uno de los funcionarios dijo a los comuneros: “¿Por qué no quieren la carretera, si es en beneficio de ustedes mismos? Sus enfermos ya no morirán en el camino”. No supo con quiénes hablaba. Desde hace más de medio año, la comunidad “conversa” sobre los servicios de salud y pronto denunciará las anomalías e irresponsabilidades institucionales.

De acuerdo con Coa, “más de la mitad de las muertes en las comunidades wixárika ocurren a consecuencia del menosprecio y la negación de atención por parte del personal hospitalario. Los enfermos llegan a tiempo y mueren allí o sin recibir atención; los remiten a otro hospital o los regresan a su comunidad”.

En un caso reciente, a una mujer en trabajo de parto le dijeron: “No tiene nada, regrese a su comunidad”. Ella y el bebé murieron camino a su casa debido a una hemorragia. “A otro señor tenían que operarlo de la muñeca, sólo por eso murió en la cama de cirugía por una razón que no les explicaron.”

Evangelina Robles, abogada de Coa, declaró a Jorge Covarrubias, de La Jornada Jalisco, que en los últimos ocho meses fallecieron 10 personas, “y no por falta de transporte o por la orografía agreste, sino por negligencia médica en la que permea una dosis de racismo”.

Según informa La Jornada Jalisco, en septiembre de 2007 se emitió la convocatoria de licitación pública, y ya en octubre la Secretaría de Desarrollo Urbano del estado había hecho adjudicaciones directas de 124 millones de pesos a 12 empresas para la “construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimentos, señalamiento y trabajos diversos de la carretera Amatitán-Huejuquilla”, dividiéndola en 12 tramos diferentes. No sólo eso: en boca del gobernador Emilio González Márquez, las autoridades ya revelaban sus planes privatizadores, cinegéticos y ecoturísticos (contradictoria combinación por cierto).

Los indígenas determinaron rechazar la obra desde el 11 de noviembre, luego de tres días en asamblea, por “doce razones” precisas, entre ellas proteger su territorio, su autonomía, sus recursos naturales y culturales, además de que no solicitaron la obra ni la necesitan. A juicio de Coa, las autoridades no piensan cambiar de planes: “No han entendido ni entenderán, porque sus prioridades son otras, aunque la afectación que ya causaron a la propiedad comunal viola leyes nacionales e internacionales”.

 
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