El ex represor Antonio Domingo Bussi, a juicio oral
Detienen en Argentina a otro implicado en la matanza de Trelew
Buenos Aires, 12 de febrero. El ex capitán de marina Luis Emilio Sosa, uno de los cinco acusados por la llamada matanza de Trelew, en la que 16 detenidos políticos fueron asesinados en la base Almirante Zar, en Trelew, Chubut, al sur del país, en agosto de 1972, fue detenido hoy en esta capital.
Sosa fue detenido cuando acudió a una inmobiliaria local y estaba siendo seguido por investigadores policiales, por orden de un juez de Chubut, al cambiar la carátula y definir que la matanza de Trelew fue un delito de lesa humanidad, que no prescribe.
Hay dos prófugos aún en esta causa que en 1972 conmovió al país, después del fusilamiento de los detenidos dentro del edificio de la base, quienes días antes habían intentado fugarse del penal de Rawson.
Sosa es además señalado como un hombre vinculado con el terrorismo de Estado y con relaciones especiales en Estados Unidos. También se le ha acusa de torturar a soldados que cumplían el servicio militar obligatorio, abolido en los años 90.
En tanto, el juez Daniel Bejas, mediante un decreto firmado el pasado 7 de febrero, decidió que el ex general Antonio Domingo Bussi, uno de los mayores responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar (1976-1983), irá a juicio oral, al no aceptar una apelación de la defensa para impedirlo.
Aunque son muchos los crímenes cometidos por Bussi, esto sucede en el contexto de la causa por el secuestro y desaparición del ex senador provincial Guillermo Vargas Aignasse, en la provincia de Tucumán.
Bussi también está acusado en la causa que juzgará a los responsables de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.
En tanto, ayer se descubrió aquí que el coronel retirado Aldo Alvarez, prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad, dirige una agencia de seguridad privada.
El ex jefe de Inteligencia del V cuerpo de ejército en Bahía Blanca, al sur del país, compañero de promoción y amigo del general Ramón Camps, que aterrorizó a la provincia de Buenos Aires en la época de la dictadura militar, está controlando “en las sombras” una agencia de seguridad privada y fue gerente de Alsina SRL hasta 1998, de la que fue luego dueño.
Todo lo anterior ocurre a pesar de que la legislación argentina inhabilita a los ex represores indultados o que hayan sido beneficiados en su momento por leyes de impunidad a poseer o integrar las empresas de seguridad.