Usted está aquí: martes 12 de febrero de 2008 Sociedad y Justicia “Desacato” oficial ante amparos a Ley del ISSSTE

“Desacato” oficial ante amparos a Ley del ISSSTE

Alfredo Méndez

El gobierno federal no respeta cerca de 350 mil suspensiones definitivas que fueron concedidas a burócratas inconformes con la nueva Ley del ISSSTE, y que obligarían a la dirección general de ese instituto a no aplicar los descuentos para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de los trabajadores que cuentan con esa protección legal, denunció ayer Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México.

Agregó que se analiza la posibilidad de demandar ante un juez al presidente Felipe Calderon, como superior jerárquico, y al director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, para que se les inicie una averiguación previa por presunto desacato judicial.

Además, acusó a diversas autoridades gubernamentales de estar retrasando los informes a los dos jueces auxiliares que conocen de las demandas de amparo contra ese ordenamiento, motivo por el cual ayer se tuvieron que posponer decenas de audiencias constitucionales.

Sobre las peticiones de amparo interpuestas a partir de enero pasado, ahora contra los actos de aplicación de la nueva Ley del ISSSTE, Miranda Esquivel refirió que en el Palacio de Justicia Federal de San Lázaro ya se tienen registradas poco más de 19 mil demandas de garantías. Se trata de documentos que agrupan en algunos casos hasta 600 quejosos.

Miranda hizo énfasis en el hecho de que la dirección general del ISSSTE no está dando cumplimiento a las suspensiones provisionales que se han concedido a varios burócratas.

“Estamos hablando de que están violando tanto las suspensiones correspondientes a los juicios abiertos el año pasado, que son 150 mil aproximadamente, y las demandas interpuestas en enero, unas 200 suspensiones, que no se están acatando”, dijo.

Refirió que esas suspensiones obligan a las autoridades responsables a no aplicar los efectos de la nueva Ley del ISSSTE. Sin embargo, “sabemos que a cerca de 350 mil trabajadores se les están efectuando los descuentos al SAR, se les enviaron los formatos para que prematuramente y de manera obligatoria elijan uno de los dos regímenes de pensión establecida, o se les están transfiriendo sus fondos al Banco de México para depositarlos en cuentas individuales, lo cual presume una confiscación.”

 
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