Pide al pleno de la SCJN que analice la constitucionalidad, pues “el asunto reviste interés”
Pese al revés al CCE, ministro insiste en que se revise la reforma electoral
Aceptan la solicitud y turnan el caso a Sergio Valls
La segunda sala del máximo tribunal ya determinó que el recurso interpuesto por los empresarios era improcedente
Apenas la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el pasado miércoles el recurso de reclamación con el cual el Consejo Coordinador Empresarial (CEE) pretendía que el máximo tribunal revisara la presunta inconstitucionalidad de la reforma electoral, de inmediato el ministro Fernando Franco le pidió al pleno de la SCJN que ejerza su facultad de atracción para conocer los amparos en contra de dicha legislación.
Con esta petición se abre la puerta para que sea la SCJN la que determine en definitiva si la reforma constitucional en materia electoral se apegó o no a lo establecido en la Carta Magna. Esto, a pesar del criterio que sentó recientemente el propio pleno en el sentido de que son improcedentes los recursos en contra de reformas constitucionales.
La petición fue aceptada por el ministro presidente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, quien turnó el asunto a Sergio Valls Hernández, para que éste elabore el proyecto correspondiente y sea el pleno el que determine si ejerce o no su facultad de atracción para revisar los amparos que se encuentran en los tribunales colegiados de circuito y que en primera instancia fueron desechados por “notoriamente improcedentes”.
Gracias a la petición, los tribunales colegiados que conocen de los amparos contra la reforma constitucional en materia electoral –entre éstos los que presentó el CCE– recibieron la orden, vía electrónica, de enviar a la Corte las demandas que tuvieran en su poder y el material probatorio que hayan recibido de parte de los quejosos sobre el tema.
Según el ministro, es importante que la SCJN defina si debe revisar los recursos que tildan de inconstitucional la reforma electoral, ya que, argumentó Franco, podría darse el caso de que hayan resultado violentados los artículos 6, 41, 85, 99, 108, 116, 122 y 124.
Estos artículos tienen que ver con la libertad de expresión y acceso a la información (6), atribuciones y facultades de los partidos políticos y sobre la independencia y autonomía de los miembros del Instituto Federal Electoral (41), atribuciones del Tribunal Electoral y que sea la máxima instancia en la materia debido a que sus decisiones son definitivas e inatacables (99), la autonomía de los servidores públicos (108), entre otros.
El pasado miércoles, la primera sala de la Corte no sólo desechó la petición del CCE para conocer los amparos en contra de la citada reforma, sino además multó al abogado del órgano empresarial, Adolfo Ernesto Arrioja Vizcaína, con 3 mil 418 pesos por interponer un recurso a sabiendas de que era improcedente.
Inicialmente, el CCE presentó una demanda de amparo ante un juzgado de distrito en contra la reforma electoral, porque “inhibe la participación social en los procesos electorales y limita el derecho a la información”, además de que vulnera 1a libertad de expresión y asociación.
El recurso fue desechado por improcedente y turnado en revisión ante el decimocuarto tribunal de distrito en materia administrativa del Distrito Federal.
Al mismo tiempo, el CCE presentó un recurso “varios” ante la Suprema Corte, en el que pedía a los ministros que conocieran el amparo en revisión 20/2008, que está radicado en el quinto tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.
La petición fue desechada por “notoriamente improcedente”, mediante un acuerdo de presidencia de la SCJN, al considerar que el CCE carece de legitimación para pedir a la Corte que conociera del asunto.
En contra de la decisión, el organismo empresarial interpuso el recurso de reclamación, el cual fue rechazado de nueva cuenta por improcedente. Con todo, para el ministro Franco el asunto sí reviste interés y la Corte debe analizar si lo revisa o no.