CDHDF: Persiste criminalización de la pobreza
El sistema de justicia concentra 80 por ciento de las quejas que recibe la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y la criminalización de la pobreza aún está presente en la ciudad de México, afirmó el ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza.
Al participar en el primer foro de derechos humanos “Heberto Castillo”, el presidente del organismo público indicó que se han recibido denuncias de “jóvenes banda que son detenidos por usar jersey o de muchachos de Álvaro Obregón, Iztapalapa y Cuauhtémoc que son detenidos sólo porque están en la calle”.
El ex consejero electoral agregó que durante los años recientes se ha dado un crecimiento exponencial en la población penitenciaria y sólo el sexenio anterior “200 mil personas pasaron por los reclusorios de la ciudad”.
Actualmente, la población penitenciaria ronda las 35 mil personas y con base en las estadísticas elaboradas por la CDHDF, 60 por ciento “son muchachos de barrios pobres de la ciudad”; 40 por ciento fueron privados de su libertad por delitos menores a los 2 mil pesos y 30 por ciento aún no recibe sentencia.
Las instituciones que reciben mayor número de señalamientos están la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la procuraduría capitalina, añadió.
Otro de los temas que abordó el servidor público fue la discriminación, “fenómeno que hace pedazos el principio de igualdad ante la ley”.
Álvarez Icaza dijo que hace dos años y medio se presentó la primera encuesta sobre discriminación en nuestro país, en la cual sectores como personas discapacitadas, indígenas, homosexuales, adultos mayores y mujeres aseguraron sentirse discriminados en más de 90 por ciento.
Durante el foro también estuvo Victoria Beltrán, del Centro de Derechos Humanos, Fray Francisco de Vitoria y el general Francisco Gallardo.
Victoria Beltrán abordó el tema de trata de menores: “Es una práctica que debe ser erradicada, los responsables sancionados y cuando hablamos de responsables nos referimos tanto a las personas físicas pero también debe de haber consecuencias jurídicas para las personas morales”.