La política alternativa de salud
Frecuentemente se presentan las políticas públicas como soluciones técnicas a problemas objetivos. La formulación de estas políticas sería entonces ciencia aplicada. Esta idea es la base para descalificar a las fuerzas políticas y sociales que no aceptan ciertos “consensos” o “políticas de Estado”. La falacia de este razonamiento es que las políticas públicas corresponden siempre a concepciones sobre cómo organizar la sociedad y a quiénes beneficiar. Pese al intento de hacer creer que no hay más ruta que la neoliberal, las políticas alternativas se aplican en el Distrito Federal desde 2000 con resultados sólidos.
Por ejemplo, la política de salud se fundamenta en el mandato constitucional del derecho a la salud de todos los mexicanos y a la ley que establece el derecho al acceso gratuito a los servicios médicos y medicamentos a las personas residentes en el Distrito Federal, que fija la obligación del gobierno de la ciudad de garantizarla. Para concretar esta política se inició en julio de 2001 el Programa de Servicios Médicos y Medicamentos Gratuitos, que ofrece sin costo alguno acceso a todos los servicios prestados por la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SS-DF), incluyendo los medicamentos necesarios a la población sin seguridad social. El único requisito para inscribirse es ser residente del DF y no contar con IMSS o ISSSTE. Este programa defiere del Seguro Popular porque no cobra los servicios o una prima de seguro a nadie, no restringe los servicios a un paquete limitado y no acota el número de familias que se pueden inscribir anualmente.
El programa tuvo gran aceptación. En 2004 se habían inscrito 500 mil núcleos familiares de un estimado de 900 mil elegibles. A finales de 2006 los inscritos ya eran 854 mil, o sea, prácticamente todos contaban con este derecho. Con ello, el Distrito Federal se convirtió en la primera entidad federativa con cobertura universal de servicios públicos de salud, ya que entre los institutos de seguridad social y la SS-DF nadie se quedaba al margen de la atención médica.
El acceso a la atención médica a la salud se expresa en la mortalidad de los capitalinos. Bajó en todos los grupos de edad en el periodo 1997-2005: la infantil disminuyó 22 por ciento; la prescolar, 25 por ciento; la escolar, 2 por ciento; la de edad productiva, 11 por ciento, y la posproductiva, 8 por ciento. Cabe mencionar especialmente las muertes por VIH-sida, que bajaron 16 por ciento en el DF y que aumentaron en el resto del país.
El programa de gratuidad fue planeado para remover el obstáculo económico de acceso oportuno a los servicios requeridos. La razón de no atenderse por cuestiones de dinero fue la principal reportada por la población. Los datos confirman que logró su objetivo, en particular respecto de la atención más costosa. Las intervenciones quirúrgicas aumentaron 85 por ciento entre 2000 y 2006; los partos, 44 por ciento; el número de hospitalizados, 30 por ciento; las urgencias, 34 por ciento; los estudios de rayos X, 40 por ciento, y los de laboratorio aumentaron 25 por ciento. A finales de 2006, 75 por ciento o más de los servicios se prestaban de forma gratuita, mientras el 25 por ciento restante correspondía a pacientes foráneos con capacidad de pagar una cuota de recuperación. Adicionalmente, todas las urgencias graves se atienden de manera gratuita conforme el principio ético de no perder tiempo en trámites burocráticos cuando la acción inmediata hace la diferencia entre la recuperación, la muerte o la discapacidad.
El acceso gratuito a los servicios de salud crea mayor seguridad ante la adversidad. Pero significa también un ahorro que las familias pueden usar para satisfacer otras necesidades básicas. Una estimación muy conservadora es que este ahorro fue del orden de 3 mil 742 millones de pesos entre 2002 y 2006. La importancia de este hecho se aprecia si se toma en cuenta que las familias afiliadas al programa de gratuidad pertenecen principalmente a la población pobre.
Los avances del programa se debieron a varios factores. Se comenzó como una de las prioridades del gobierno de López Obrador y fue apoyado con un incremento presupuestal significativo desde el primer año; a finales de la administración se había incrementado 80 por ciento. Una parte importante de este dinero se canalizó al fortalecimiento y ampliación de la infraestructura de salud de la ciudad, entre otros, a la construcción de dos hospitales.
En México pocos cuestionan el derecho a la educación gratuita y de calidad. La gratuidad y la calidad de los servicios médicos también deben ser un derecho. La diferencia entre vida y muerte no puede ser el dinero.