Ante acciones de inconformidad, el Estado responde de forma represiva, afirman
ONG arrancan campaña en defensa de la protesta social como un derecho
La Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y las 57 organizaciones que la integran iniciaron una campaña nacional denominada La protesta es un derecho, la represión un delito, mediante la cual se busca informar a la población que la protesta es “una de las formas de garantía de los derechos”.
En conferencia de prensa, Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, e integrantes de organizaciones de defensa de las garantías individuales insistieron en que “la protesta es la garantía social de los derechos humanos frente a los gobiernos que incumplen con garantizar los mismos”.
Frente al retroceso en el goce de los derechos sociales, el aumento de la desigualdad en la concentración de la riqueza y la profundización de la exclusión social se han generado protestas y movilizaciones sociales en diferentes partes del país, añadieron, y como ejemplo de ello, expusieron los defensores, se tiene la lucha por el derecho a la tierra, el derecho al medio ambiente sano, en contra las reformas económicas y la flexibilización laboral, entre muchas otras, que han llevado “a miles de defensores, líderes estudiantiles, sociales y rurales a organizarse con el fin de luchar por sus garantías”.
Ante esas protestas, “los medios de comunicación y empresarios, entre otros, piden la aplicación de todo el peso de la ley y el respeto a los ‘derechos’ de terceros. Se habla por ejemplo, de confinar las marchas a lugares donde no afecten la circulación vehicular. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las marchas, plantones y cierres de calles son acciones de desafío a los poderes públicos como forma de llamar la atención de la sociedad sobre la existencia de injusticias profundas y de exigir políticas correctivas”.
Ante ello, señalaron los defensores, el gobierno al hablar de “legalidad, estado de derecho o democracia no habla de lo que se entiende por esos conceptos desde los derechos humanos, sino desde el autoritarismo”.
Refirieron que “la legalidad de la que habla Felipe Calderón consiste en la autorización legal para utilizar la violencia, sin una rígida vinculación a la ley misma. Se vale de figuras delictivas dotadas de cierta elasticidad, no taxativas que dejan el campo libre a la arbitrariedad”.
En la actualidad, el Estado frente a las acciones organizadas de protesta social responde de forma represiva, bajo algunas de las siguientes modalidades: “cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente la criminalización de la protesta”.
Ésta, subrayaron, se manifiesta en detenciones arbitrarias; equipara a los luchadores sociales con delincuentes; agrava las acusaciones, imputándoles delitos políticos o contra la seguridad nacional; ilegaliza la protesta social, y la falta de un debido proceso legal.
La política de criminalización de la protesta social implica acciones represivas policiacas que “nunca son investigadas y sancionadas y, al mismo tiempo, implica hacer legal la injusticia y utilizar la ley para sancionar a quienes se enfrentan al Estado exigiendo sus derechos, sostuvieron.