El submundo del trabajo
Silvia Márquez se encontraba despachando diésel en la estación de gasolina donde prestaba sus servicios. Al contar el cambio de un cliente escuchó que entraba un autobús al área de la isla y pensó que se detendría para esperar turno; sin embargo, escuchó que se acercaba rápidamente y al voltear confirmó que, en vez de frenar, aceleraba. Su pierna derecha quedó prensada entre la defensa frontal del camión y el tubo de protección de las bombas. “Fue entonces que empecé a sentir cómo giraba mi pierna, partiéndose en mil pedazos, como si se estuviera rompiendo toda mi vida”.
Como lo temió Silvia, la pérdida de la pierna le cambió la vida. Todo se complicó: necesitaba seguir trabajando en su condición de madre soltera, único sostén de un niño de nueve años y de una madre viuda. Su patrón, como es común en estos centros de trabajo, no la tenía afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social; ante el accidente advirtió al resto de los trabajadores que no formularan declaración alguna en favor de Silvia, y amenazante les recordó que contaba con papeles firmados en blanco de todos.
Cuando se hace referencia al mundo del trabajo es fácil evocar la situación de los trabajadores de las empresas paraestatales o de las grandes corporaciones, hablar de petroleros, telefonistas, electricistas, y alrededor de esta parcial realidad hacer juicios de valor sobre las condiciones de trabajo y sobre las reformas que el marco jurídico requiere “para ser más competitivos”. Se pierde de vista que hay otro mundo, en el que laboran hombres y mujeres en jornadas extenuantes, carentes de seguridad social y de sus más elementales derechos, ese gran ejército de la pequeña y mediana industria, prácticamente olvidado de las políticas laborales.
Observando los procesos de trabajo en la industria de la construcción, la confección, o de muchas ramas de servicios, confirmamos el estado de indefensión laboral creciente. En la actividad que ralizaba Silvia Márquez se pueden identificar claramente las etapas de la degradación laboral. Hubo años en que se pagaba a los trabajadores al menos un salario mínimo por sus servicios; más tarde, aprovechando el alto número de solicitantes de trabajo, a los patrones se les ocurrió tomar ventaja de esta necesidad, y dejaron de cubrir salarios respetando tan sólo el importe de las propinas. Para simular el cumplimiento de la ley, se obliga a los trabajadores a firmar de recibido un salario que no perciben. Con el tiempo, las exigencias empresariales fueron creciendo, se les ocurrió cobrar por permitir trabajar. Después se impuso a los trabajadores el pago de sus uniformes, la realización de labores ajenas a su puesto, venta de productos diversos y muchas otras actividades no remuneradas. La imaginación empresarial ha crecido sin límite; abiertamente algunos propietarios de expendios de gasolina, de manera directa o a través de supervisores, cobran cuotas en efectivo a sus trabajadores, señalándoles que deben compartir sus propinas para cubrir los gastos de administración y las gratificaciones que reclaman los piperos de Pemex cuando surten los depósitos. A fin de evitar cualquier reclamo legal, para ingresar a laborar se les obliga a suscribir documentos en blanco y firma de pagarés, que serían llenados en el momento oportuno.
En la industria de la construcción la historia es aún más dramática: aprovechando la necesidad que tienen muchos trabajadores del campo que migran a la ciudad, porque el agro agoniza, se les imponen condiciones de trabajo insalubres y riesgosas, dándoseles cualquier lugar para pasar la noche. Todas las garantías contenidas en la ley son letra muerta.
Las instituciones del Estado no parecen preocupadas por esta trágica realidad. A escala federal se sigue hablando de reformas laborales que de ser aprobadas incrementarían la indefensión de los trabajadores, como la llamada flexibilidad horaria, o banco de horas, que de incluirse en la ley acabaría con el pago de tiempo extra, y generaría jornadas aún más extenuantes, violando la vieja protección constitucional de la jornada máxima. En el ámbito local de nuestra ciudad, los encargado de vigilar el cumplimiento de las normas laborales se mantienen de brazos cruzados. La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo no parece salir de su letargo, alegando carencias presupuestales; prácticamente no hay inspección laboral ni aparece iniciativa pública tendiente a superar su condición marginal. En la Asamblea Legislativa estos temas no ocupan lugar alguno en la agenda de prioridades; su Comisión de Trabajo es prácticamente inexistente, ni siquiera se toman la molestia de reunirse. Mucho tendrían que decir las autoridades de trabajo locales en el tema de la reforma laboral, pero no se escucha pronunciamiento alguno, se deja la iniciativa al ámbito federal.
Es tiempo de mirar el mundo del trabajo con otra perspectiva, por ello resulta necesario establecer políticas públicas a escala local que combatan la indefensión de tantos trabajadores, especialmente de nuestra ciudad. Lo más desesperante es confirmar que muchos de esos sufrimientos y precariedades serían superables si hubiera voluntad política para dar pasos adelante.
Es claro que el tema del trabajo está íntimamente ligado a la política económica y la reforma integral del Estado. Mientras esos cambios llegan, pueden tomarse acciones para disminuir la precariedad que subsiste en este olvidado mundo del trabajo, por ejemplo favorecer concertaciones en las ramas de industria más precarias, asumiendo compromisos; vigilar eficazmente el cumplimiento de las normas mínimas de seguridad y salario, combatir los vicios y lentitudes de los tribunales de trabajo, vincular a la academia y la investigación con la administración pública. Una política laboral activa es condición fundamental para todo gobierno democrático.