Usted está aquí: sábado 2 de febrero de 2008 Capital Acusa perredista a panistas de realizar acto con recursos del erario

El diputado local Hipólito Bravo López presentó una denuncia popular ante la Sedeso

Acusa perredista a panistas de realizar acto con recursos del erario

Durante el informe de Mariana Gómez del Campo se hizo uso indebido del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles, argumenta

Entre los señalados están Germán Martínez y Margarita Zavala

Gabriela Romero Sánchez

Ampliar la imagen El presidente nacional del PAN, Germán Martínez, y la lideresa local, Mariana Gómez del Campo, entre otros panistas, durante el acto del pasado fin de semana en la Alberca Olímpica.   María Meléndrez El presidente nacional del PAN, Germán Martínez, y la lideresa local, Mariana Gómez del Campo, entre otros panistas, durante el acto del pasado fin de semana en la Alberca Olímpica. María Meléndrez Foto: María Meléndrez

Ampliar la imagen El legislador Hipólito Bravo tras presentar su denuncia popular  Roberto García Ortiz El legislador Hipólito Bravo tras presentar su denuncia popular Roberto García Ortiz Foto: Roberto García Ortiz

El diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Hipólito Bravo López presentó ayer una denuncia popular ante el órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) federal por el presunto desvío de recursos del erario en apoyo al acto realizado por el Partido Acción Nacional en el Distrito Federal (PAN-DF), el domingo pasado, en la Alberca Olímpica Francisco Márquez.

El legislador perredista aseguró que beneficiarios de una guardería, ubicada en la delegación Xochimilco, “fueron obligados” a asistir al informe de la lideresa del blanquiazul local, Mariana Gómez del Campo, haciendo uso del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, publicado el 30 de diciembre de 2007 en el Diario Oficial de la Federación.

En su denuncia, Bravo López cita como “autoridades y particulares involucrados” en el desvío de recursos a los presidentes del PAN nacional, Germán Martínez, y del DF, Gómez del Campo; al senador Santiago Creel; a la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala; a los secretarios del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano; de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira.

También al titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, y Juan Manuel Horcasitas, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como a los jefes delegacionales de Miguel Hidalgo, Gabriela Cuevas, y Benito Juárez, Germán de la Garza.

El diputado perredista detalló que dichas personas, tanto por acción como por omisión, “hicieron uso con fines de proselitismo político del Programa de Guarderías y Estancias Infantiles, y produjeron daños a los derechos de sus beneficiarios al obligarlos a asistir al informe. En suma, dejaron de observar en el ejercicio de sus funciones los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia”.

En la denuncia popular, de 13 cuartillas, que entregó a Rafael Funes Díaz, titular del órgano interno de control de la Secretaría de Desarrollo Social, alrededor de las 12:40 horas, se solicita anexar como prueba la “confesional y/o declaración personal” de los involucrados.

El diputado local perredista explicó que la próxima semana interpondrá la denuncia penal correspondiente, por lo que pedirá copia de los contratos que se hicieron por el alquiler de la Alberca Olímpica Francisco Juárez, y de los aproximadamente 200 camiones en los que presuntamente se trasladó a los asistentes al informe de Gómez del Campo.

“Debe haber un contrato, si no ¿con qué argumento se prestó la instalación?; en ese caso los responsables de su administración serían acreedores a una sanción por uso indebido de la alberca Francisco Márquez”, apuntó Bravo López.

El legislador explicó que el órgano de control interno de la Sedeso cuenta con 45 días para abrir la investigación, a fin de deslindar responsabilidades. “Las sanciones pueden ir desde la amonestación hasta la inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones en el servicio público”.

Confió en que su denuncia popular se resuelva “conforme a derecho y que no se encubra a nadie, como en otros casos del ámbito federal, a los servidores públicos involucrados en el manejo de programas federales con fines de proselitismo político”.

 
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