Editorial
Campo en ruinas, gobierno sordo
Las movilizaciones multitudinarias de campesinos, obreros, maestros y organizaciones populares realizadas ayer en la mayor parte de las entidades federativas para exigir la renegociación del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dejaron ver el tamaño del descontento que recorre al agro mexicano y a los sectores menos favorecidos del país por la perpetuación de una política económica antinacional, depredadora y generadora de pobreza extrema masiva y de riqueza, también extrema, para unos cuantos. Ni la aguda depauperación campesina ni las distancias ni los amagos policiales lograron menguar la presencia de masas de manifestantes procedentes de diversas regiones del país en el Centro Histórico capitalino, a las cuales deben sumarse las marchas y los mítines realizados en muchas otras ciudades en repudio a lo que se percibe, en el menos malo de los casos, como inacción gubernamental ante –si no es que participación en– la embestida que padecen los pequeños propietarios, los ejidatarios y los comuneros de México.
Pero ayer no sólo se expresó con contundencia el descontento social masivo por la entrada en vigor de la desregulación a las importaciones de maíz, frijol, leche en polvo y azúcar, apertura que viene a dar el tiro de gracia a las perspectivas de vida de millones de campesinos; también se puso de manifiesto la cerrazón, la insensibilidad y la ceguera del grupo que ostenta el poder político, económico y mediático.
Después de meses, años y sexenios de negarse a escuchar el clamor procedente del agro, el gobierno federal emitió un comunicado en el que, pretendiendo una normalidad y una distensión que no existen, anunció la continuación de un “diálogo” con las organizaciones campesinas y su decisión de hacerse representar, en los encuentros respectivos, por los impugnados secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Alberto Cárdenas Jiménez, y del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano. El primero de estos funcionarios, en una muestra de rotunda inocencia o de algo peor, pidió a los labriegos que precisen “cuáles son sus demandas”, como si las reivindicaciones campesinas no hubiesen sido expresadas en forma verbal y escrita, publicadas y coreadas, a lo largo de los pasados 12 meses, y como si no hubiera estado enterado de la demanda central que se reiteró ayer en el Zócalo capitalino y en decenas de mítines efectuados por todos los rumbos de la República: renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN y de los términos de ese documento que condenan a la extinción económica en el corto plazo a los agricultores pobres de México.
Las cúpulas empresariales –el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado– expresaron por enésima ocasión su sorpresa ante una indignación social contra un instrumento comercial que, desde su entrada en vigor, ha permitido al país –argumentan– incrementar en forma exponencial su captación de divisas. Ciertamente, el TLCAN ha aportado a México muchos cientos de miles de millones de dólares, pero esas sumas no han servido para atenuar la escandalosa desigualdad social ni la pobreza de la mayor parte de la población. En el campo, el tratado comercial ha sido extremadamente benéfico para unos cuantos agroexportadores como Vicente Fox, su familia y su ex secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, pero ha representado la ruina de millones de agricultores en pequeña escala, para los cuales la política económica gubernamental ofrece sólo tres posibilidades: emigrar –a la marginalidad informal y miserable de los centros urbanos nacionales o a las vicisitudes del cruce fronterizo con rumbo a Estados Unidos–, incorporarse al negocio ilícito de las drogas o morirse de hambre.
Pero fue Héctor Larios, coordinador de la bancada panista en San Lázaro, quien externó con mayor precisión, y en términos más bien obvios, las actitudes del grupo gobernante ante la catástrofe que se abate sobre los campesinos mexicanos: “La motivación de estas movilizaciones –dijo, en referencia a las realizadas ayer– tiene que ver con el ámbito político”. Lo dicho por el diputado Larios es cierto en más de un sentido: el régimen del que forma parece estar logrando, con su indolencia, su insensibilidad y su entreguismo, la articulación de un vasto movimiento que, por la fuerza de las circunstancias, hace desembocar en la vida política malestares sociales que los poderosos de ayer y de hoy no han querido entender ni atender. Por lo demás, sus sospechas en torno a quiénes organizan a los manifestantes pueden despejarse en forma sencilla: son los gobiernos, del de Carlos Salinas al de Felipe Calderón, con su continuismo neoliberal, los que llenan las plazas públicas del país con campesinos, obreros y maestros depauperados y exasperados.