Editorial
Relevo en Gobernación
La renuncia de Francisco Ramírez Acuña a la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob), confirmada ayer, es por sí misma una buena noticia, toda vez que el también ex gobernador de Jalisco carecía de los atributos indispensables para ejercer ese cargo y habida cuenta que llegó al Palacio de Covián con una trayectoria preocupante por los excesos represivos y las violaciones a los derechos humanos cometidos durante su mandato en aquella entidad.
Cabe preguntarse ahora si Juan Camilo Mouriño, su sucesor, será capaz de revertir la disminución institucional que ha experimentado Gobernación durante las administraciones anteriores y en lo que va de la presente. A este respecto, cabe recordar que ayer al entregar el cargo Ramírez Acuña sostuvo que durante su gestión ocurrió un “rescate de la figura presidencial”. Por más que el aserto resulte cuestionable, y aunque la propia salida del ex funcionario sea un indicador de incumplimiento de las misiones encomendadas, Ramírez Acuña puso, acaso sin proponérselo, el dedo en la llaga: el trabajo de la Secretaría de Gobernación no es cuidar la imagen del Presidente –para eso hay personal más que sobrado en Los Pinos–, sino procurar la gobernabilidad del país, articular políticas de Estado en diversos terrenos, preservar la paz social y buscar las concertaciones y las mediaciones con las distintas fuerzas políticas, sociales y económicas.
Las declaraciones iniciales de Mouriño Terrazo difícilmente armonizan con las responsabilidades mencionadas. De entrada, el nuevo secretario de Gobernación rechazó la posibilidad de tratar “los grandes temas nacionales” con Andrés Manuel López Obrador, quien es –le guste o no al gobierno calderonista– el principal dirigente opositor en el país. Mouriño apostó, en cambio, por circunscribir las gestiones políticas al ámbito legislativo, “que es la única instancia a discutir y en donde están representadas todas las ideologías”. Tal orientación augura la consolidación de la alianza de facto PRI-PAN que gobierna en el país, pero también apunta a la persistencia de la ruptura con las fuerzas políticas y sociales progresistas y de izquierda que se aglutinan en el Frente Amplio Progresista (FAP). Por lo pronto, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, y el secretario general perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, ya expresaron su negativa a dialogar con Mouriño e indicaron que sólo mantendrán contactos con los legisladores panistas.
El grupo gobernante tendría que entender que el movimiento lopezobradorista que se ha estructurado tras los impugnados comicios del 2 de julio de 2006 ha desempeñado un papel central en la contención de los ánimos exacerbados por el agravio y también, por ende, en la preservación de la estabilidad, precaria, que aún se presenta en el país. En consecuencia, en vez de ningunear ese movimiento social y de apostar por su fractura, la administración actual tendría que buscar el establecimiento de vías de comunicación con quienes, de manera pacífica y con argumentos fundados, expresan su descontento por el desaseo electoral del año antepasado.
En otro sentido, es también preocupante que el funcionario exhiba una actitud poco perspicaz ante el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que “merece la condena de toda la sociedad y para el cual el gobierno tiene que actuar”, valga decir, reprimir a secas. Sin afán de justificar o legitimar los métodos de esa organización armada, el hecho es que el EPR y otros grupos insurgentes representan la opción política escogida por sectores que es difícil dimensionar, pero cuya existencia está fuera de duda, fortalecida por la política económica vigente desde hace más de tres sexenios, por la creciente desigualdad, la marginación exasperante, la cerrazón y la crisis de legitimidad de la institucionalidad en su conjunto. Por esas razones, diversas voces procedentes del Legislativo, de los partidos con registro y de los medios informativos han señalado la pertinencia de alentar un diálogo con la dirigencia eperrista, con el propósito de desactivar lo que puede ser el embrión de un conflicto armado de proporciones mayores. En contraste, la vía represiva, lejos de propiciar la paz social, tiende a alimentar las espirales de violencia.
Cabe esperar, pues, que el nuevo funcionario recapacite y que, lejos de atizar las tensiones que recorren el país, se proponga desactivarlas por la única vía razonable: la política.
Por otra parte, y en la lógica democrática y del respeto a la libertad de expresión y la pluralidad, la Secretaría de Gobernación tiene como tarea pendiente revertir los lineamientos implantados el 8 de febrero del año pasado para el manejo de los presupuestos de comunicación social, en los que se clasifica como locales a los medios impresos publicados en la capital de la República, independientemente de que éstos circulen por todo el territorio nacional. Con esa clasificación, que no sólo discrimina a las publicaciones capitalinas, sino que afecta el desarrollo económico del periodismo y de la industria gráfica en el Distrito Federal, se apunta a excluir a diarios y revistas independientes de la adquisición de espacios de publicidad oficial, y se refuerza el manejo patrimonialista, discrecional y faccioso que tiende a realizarse de los presupuestos correspondientes. El ejemplo más grosero es la desproporción entre los montos de propaganda oficial que la institucionalidad política en general contrata con la televisión y la radio privadas y lo que se otorga a los medios impresos.
Si se tiene en cuenta la orientación predominante en los primeros y la mayor diversidad y pluralismo que caracteriza a los segundos, no puede dejar de concluirse que tal inequidad en la adjudicación de presupuestos que proceden de dinero público obedece a afinidades políticas entre el grupo en el poder y los grandes concesionarios de los medios electrónicos.