Usted está aquí: miércoles 16 de enero de 2008 Política Se contradicen Sedena y el gobierno de Michoacán sobre joven ultimado en retén

Indagarán autoridades locales: Ejército; se encarga el ministerio militar, dice la PGJE

Se contradicen Sedena y el gobierno de Michoacán sobre joven ultimado en retén

Organizaciones de derechos humanos exigen que la justicia civil se encargue del caso

Jesús Aranda, Víctor Ballinas y Ernesto Martínez Elorriaga (Reporteros y corresponsal)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dejó en manos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán la investigación sobre la participación de militares en los hechos ocurridos el pasado 11 de enero en el poblado de Huetamo, donde el joven Víctor de la Paz Ortega, de 17 años, murió de un balazo al no detenerse en un retén resguardado por soldados.

Fuentes de la dependencia señalaron que esa decisión tiene el propósito de evitar suspicacias y que la averiguación se lleve a cabo conforme a derecho.

Aseguraron que la Sedena dará todo el apoyo a las autoridades civiles para que los soldados asignados al retén ubicado en Pedro de Gante, esquina Caltzonzin, estén a disposición del Ministerio Público de esa entidad.

Al respecto, el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, se pronunció porque las autoridades competentes investiguen a fondo el homicidio en cuestión. Indicó que si bien se requiere del Ejército para combatir el crimen organizado, nunca podrán justificarse los abusos en contra de la sociedad civil.

En entrevista, el mandatario estatal señaló que la lucha contra el crimen organizado debe tener como prioridad el respeto a los derechos de los individuos. Por ello –acotó–, en el caso de Huetamo se impone una investigación seria, con el propósito de que ese homicidio “no quede en la impunidad”.

En contraparte, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Juan Antonio Magaña de la Mora, dijo que el caso del joven ultimado fue turnado al Ministerio Público Militar. Incluso, comentó que, “independientemente de que este asunto sea de competencia federal, la procuraduría del estado estará atenta a darle seguimiento, por ser un hecho que ocurre en su circunscripción territorial”.

En tanto, la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, la Red de Organismos de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y el Colectivo Mexicano contra la Tortura exigieron que sean las autoridades civiles las que investiguen el asesinato del adolescente.

También urgieron al presidente Felipe Calderón a que se pronuncie sobre ese hecho y garantice protección y respeto a los derechos humanos, pues a más de un año de su gobierno, “no hay un compromiso claro” sobre el tema.

Edgar Cortez, secretario técnico de la Red Todos los Derechos para Todos, consideró lamentable que tras la violación sexual de varias mujeres, la ejecución de una familia, cateos, robos y allanamientos perpetrados por militares contra la población civil el año pasado, se sigan registrando situaciones similares este 2008. Lo anterior –dijo–, no obstante las cuatro recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos “por violaciones graves a las garantías individuales”, recordó.

 
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