El consejero Arturo Sánchez, por una transición entre la legislación anterior y la reciente
Entra en vigor el nuevo Cofipe; el reto mayor, fiscalizar partidos, según Albo
Pendiente, adecuar 34 ordenamientos del IFE, dice el consjero presidente provisional
Más de un mes después de haber sido aprobadas por el congreso, por fin se publicaron en el Diario Oficial las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que estarán en vigor a partir de hoy. Con ello se iniciarán cambios estructurales en el Instituto Federal Electoral, como la desaparición de la Comisión de Fiscalización para dar paso a una unidad especializada; la conformación de un nuevo órgano de contraloría y la ampliación del área de radio y televisión para asumir las nuevas responsabilidades en la materia.
Al referirse al impacto que tendrán en el IFE estas reformas, el consejero presidente provisional del instituto, Andrés Albo Márquez, sostuvo que las repercusiones implican un reto mayor en la medida en que deberán realizarse modificaciones en el ámbito normativo, organizacional y presupuestal. Destacó que uno de los principales rubros donde se precipitarán cambios es la fiscalización, ante la obligación de desaparecer la comisión y crear una nueva unidad técnica.
Informó que se analizan las instancias que desahogarán los acatamientos que en materia de fiscalización ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relacionados con los procedimientos oficiosos iniciados contra los partidos Nueva Alianza y de la Revolución Democrática. “Con independencia de cuál es el organismo que resuelva los asuntos que están en trámite, éstos serán resueltos en tiempo y forma por el Consejo General del IFE.”
Al respecto, en entrevista por separado, el consejero Arturo Sánchez subrayó la necesidad de conformar una especie de régimen de transición entre la legislación anterior y la que estará vigente a partir de hoy, ya que existe una diferencia sustancial. Consideró que se deben analizar las vías legales para dar respuesta a los recursos y al mismo tiempo garantizar el derecho de audiencia a los partidos.
Recordó que, derivada de las reformas del Cofipe, el consejero presidente tiene la facultad de designar a quien será el titular de la nueva unidad técnica de fiscalización, aunque estimó que es una decisión que debería analizarse. No descartó que dada la importancia de la designación y del periodo relativamente breve que durará la presidencia provisional, podría nombrarse únicamente un responsable del despacho, a la espera de que el Congreso designe un nuevo consejero presidente.
Por su parte, Albo destacó que los términos en que quedó el nuevo Cofipe obligarán al IFE a modificar entre 24 y 34 ordenamientos elaborados por el organismo para adecuarse a la legislación. Indicó que los integrantes de la Junta General Ejecutiva ya sostuvieron una primera reunión para adecuar estos reglamentos, pero anticipó que tienen 180 días para concretarlos.
Entre los reglamentos que deberán modificar destacan los de: sesiones del Consejo General; comisiones; radio y televisión; estatuto del Servicio Profesional Electoral; fiscalización de partidos políticos; transparencia y acceso a la información; presentación de informes de gastos de campaña y precampañas; procedimientos de liquidación de partidos políticos; cómputos distritales; registro de candidatos y de coaliciones; contraloría, y Registro Federal de Electorales, entre otros.
Con las reformas también se modifica el esquema para definir el financiamiento de los partidos políticos, que ahora será con base en el padrón electoral al mes de julio. Sánchez comentó que se realizan ya los cálculos sobre esta base a efecto de que a finales de enero sea aprobado en sesión del Consejo General.
Albo señaló que la JGE realiza los análisis presupuestales sobre dos días: en una primera instancia, efectuar el ajuste de 640 millones de pesos que decretó el Congreso de la Unión, aplicables al gasto operativo del IFE, el cual deberá quedar listo en la misma sesión de enero y, por otro lado, la revisión del impacto económico que implicarán para el instituto las responsabilidades derivadas del nuevo Cofipe.
Albo destacó que las áreas ejecutivas responsables analizan las posibilidades para ejercer el recorte presupuestal aunque anticipó que a diferencia del año pasado, cuando se despidó a más de 300 trabajadores, en esta ocasión no habrá ajuste de personal. Puntualizó que seguramente se realizarán los ajustes salariales a los trabajadores, si bien dijo que en el caso de los consejeros, aún no se ha hablado sobre aumentos.
Acerca de los efectos financieros de las reformas, Albo no aludió a las proyecciones que se tenían en la gestión de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente y que anticipaban un costo de mil millones de pesos. Puntualizó que se tiene hasta marzo para solicitar formalmente a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal.