“El traslado hubiera sido a un inmueble en mal estado”
Amparan a trabajadores de la SEP contra cambio de oficinas
Trabajadores de la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) obtuvieron un amparo definitivo contra la decisión de esa dependencia de trasladar a poco más 70 empleados a oficinas ubicadas en avenida Cuauhtémoc 614, colonia Narvarte, instalaciones que carecen de “condiciones mínimas de seguridad”.
Los quejosos afirmaron que con la decisión del quinto juzgado de distrito en material de trabajo del Distrito Federal “logramos dar un primer paso para garantizar que no se violen nuestros derechos humanos y laborales, así como exigir que se ponga orden en la DGEI, pues desde el sexenio pasado se vive un claro proceso de desmantelamiento de todas las áreas destinadas a la formación de los niños indígenas”.
Afirmaron que la sentencia establece que los trabajadores deberán permanecer en el edificio de Azafrán 486, colonia Granjas México –sede por casi 30 años de las oficinas centrales de Educación Indígena–, pese a que la SEP “simplemente nos ha ignorado y ha llegado al exceso de llevarse el checador, para evitar que quede constancia de nuestras entradas y salidas diarias”.
Joaquina Sandoval y Rusbel López, del grupo de afectados y ex representantes sindicales, recordaron que en 2003 se inició un conflicto debido a que el entonces director general de la DGEI, Rubén Viveros, “ordenó el traslado al edificio de Obrero Mundial 358, colonia Piedad Narvarte, que estaba en muy malas condiciones”.
Afirmaron que con el amparo definitivo “esperamos que la SEP y el director general de la DGEI, Paulino Canal Pacab, reconozcan que no tienen la razón y verifiquen las condiciones del inmueble, que el propio gobierno federal vendió porque estaba en muy mal estado, pero que ahora renta”.
Dijeron sentirse “satisfechos porque los jueces emitieron una sentencia que respalda a los trabajadores ante una demanda justa”. Por ello, informaron, seguirán adelante con la denuncia penal presentada ante la Procuraduría General de la República por retención ilegal de salarios, pues se suspendió el pago de sus honorarios desde la segunda quincena de octubre pasado.