Responsabiliza a los tres niveles de gobierno del acoso contra simpatizantes del EZLN
El consejo autónomo de la costa de Chiapas se solidariza con zapatistas
El movimiento de resistencia civil denuncia que las autoridades sólo dan muestra de guerra y exige la liberación de varios de sus miembros que permanecen encarcelados
Ante las recientes agresiones y amenazas contra las comunidades zapatistas, el consejo autónomo regional de la costa de Chiapas responsabilizó “a los tres niveles de gobierno” de la violencia en las zonas indígenas de la entidad. Condenando “tajantemente” todo lo que ocasionen “con sus acciones y con sus grupos paramilitares”, el consejo costeño, compuesto por organizaciones y autoridades comunitarias del litoral pacífico, advirtió a los gobiernos federal, estatal y municipales “que deben saber que los compañeros zapatistas no están solos, que nosotros los apoyamos y estamos con ellos, y que piensen dos veces las cosas que hagan en territorio zapatista, que no se metan con ellos y que los dejen en paz”.
El movimiento de resistencia civil señala que, “a dos años de que la otra campaña se hizo pública por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han pasado cosas que han obstaculizado el proceso de la misma e inclusive la cancelación de la gira por la Comisión Sexta” en 2007. En un comunicado, la resistencia organizada de El Fortín, Joaquín Amaro, San Isidro, Tonalá y El Carmen manifiesta que la otra campaña, “de una u otra forma” ha padecido “represiones, hostigamiento, persecuciones, encarcelamiento y hasta muerte por parte de los gobiernos federal, locales y municipales, como pasó en Atenco y Oaxaca, y ahora pasa en las comunidades zapatistas y en contra de los adherentes a la otra campaña”.
El consejo autónomo costeño, en el que participan organizaciones urbanas, colectivos de campesinos y pescadores (los cuales recibieron en sus localidades a la Comisión Sexta del EZLN en enero de 2006) denuncia que “el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa (del Partido Acción Nacional), el estatal de Juan Sabines Guerrero (del Partido de la Revolución Democrática) y los gobiernos municipales de Chiapas se han dedicado a coordinar constantes enfrentamientos y despojos en zonas de influencia zapatista, que sólo dan señales de guerra y no de paz, y quieren que la otra campaña no siga su camino y su rumbo como lo había hecho desde hace ya dos años”.
Ante ello, añade la declaración, “claro les decimos a los gobiernos que no vamos a permitir que eso siga pasando, porque hemos refrendado nuestro compromiso político con la otra campaña, de que si tocan a uno tocan a todos”.
El consejo de la costa exige la liberación de su compañero Jesús López López, recluido en el penal de El Amate por más de un año, acusado de “delincuencia organizada”. Asimismo, la liberación de Rigoberto Méndez, preso desde hace dos años en una cárcel de la ciudad de Huixtla, acusado de “violación”, y la de Horacio Enrique, quien lleva ocho años en el Cereso de Tonalá, “acusado de despojo, delincuencia organizada y ataques a las vías de comunicación”.
La resistencia civil de la costa del océano Pacífico añade a estas demandas la liberación de los presos políticos y de conciencia en las diferentes cárceles del país, y exige “justicia para los actores intelectuales y materiales de la masacre de Acteal y la represión en Atenco y Oaxaca”.