Insiste el instituto en negar el acceso a abogados y activistas a las estaciones migratorias
El INM segregará hasta por 5 días a indocumentados “indisciplinados”
Insisten ONG en que el reglamento que se intenta aprobar viola los derechos fundamentales de los extranjeros, pues intenta incomunicarlos y prohibirles visitas
Los extranjeros “indisciplinados” –alojados en alguna de las 48 estaciones migratorias que operan en el país– serán segregados hasta por cinco días a otros espacios de aseguramiento.
Los grupos civiles que trabajan en la promoción de los derechos humanos de los indocumentados lograron que se estableciera un plazo límite de separación de los “indisciplinados”, calificativo y evaluación que aplicarán los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM).
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) habían propuesto que ese lapso fuera de tres días, pero, finalmente, el INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación, fijo el lapso de cinco días en las nuevas normas para las estaciones migratorias, actualmente en la última fase de revisión administrativa, previa a la entrada en vigor.
Sin embargo, Gobernación no fue flexible en las restricciones para el ingreso a las estaciones migratorias de representantes de grupos civiles, abogados, sacerdotes y aquellos que pretenden apoyar a los indocumentados.
La organización Sin Fronteras –desde 1998 uno de los principales grupos de apoyo a migrantes capturados– advirtió que el INM pretende incluir en la norma un marco restrictivo para los integrantes de los grupos civiles que en la práctica, ya ocurre desde el último tramo del sexenio foxista, al negar el acceso a las áreas específicas de “detención” de migrantes.
Lo anterior, según el criterio de que entre los migrantes hay personas peligrosas que pueden atentar contra los propios defensores de derechos humanos y, además, con el argumento de que nadie puede interferir en el orden y rutina que se impone a los indocumentados.
Como se ha difundido, desde los primeros meses del año pasado, Gobernación diseñó un anteproyecto de nuevas normas para las estaciones migratorias, documento que ha encontrado múltiples críticas no sólo de un colectivo de organizaciones civiles sino de los propios filtros del gobierno: la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, instancia que ha hecho observaciones a la iniciativa entregada por el INM en junio pasado y al documento “final” difundido por la secretaría desde octubre de 2007.
Los grupos civiles defensores de las garantías básicas han advertido que en el texto final persisten graves violaciones a los derechos humanos, aun cuando fue posible modificar en algunos aspectos la idea original del INM. Este organismo había colocado obstáculos –a juicio de las organizaciones no gubernamentales–, lo mismo para la solicitud de refugio de los extranjeros que para el traslado o segregación de los mismos. Al final, quedó también la imposición de plazos de detención (aseguramiento) hasta por un periodo de 90 días.
En esta fase final, Fabienne Venet, directora general de Sin Fronteras, dijo que es necesario clarificar la segregación para el caso de migrantes afectados por alguna enfermedad que se considere contagiosa; es decir, no basta con llevarlo a una “celda, por llamarla de alguna manera, sino que sería necesario trasladarlos a una enfermería o institución pública o privada de atención a la salud”.
En suma, comentó, se requiere dejar en claro los alcances –físicos y operativos– de cada uno de los partícipes en la normatividad en ciernes; por ejemplo, el caso de la presencia de los policías auxiliares dentro de las estaciones o de los motivos para la separación de los migrantes del resto de la población asegurada.
“Los migrantes (centroamericanos), al igual que los mexicanos (que intentan cruzar a Estados Unidos) son seres humanos”, dijo Venet.
Ante las acusaciones, inclusive de funcionarios de alto nivel, de que hay grupos delictivos que operan disfrazados de grupos civiles de promoción y defensa de los derechos humanos, la directora de Sin Fronteras, dijo que si alguna dependencia tiene ese tipo de sospechas que denuncie el caso y lo investigue.
–Afirman, inclusive en Gobernación, que hay grupos civiles que en realidad se benefician del tráfico de personas.
“Todos los supuestos caben, ¿no? Entonces, ¿ya no debería tener relación con ningún funcionario público porque entre ellos alguno es corrupto?” –respondió Venet.
Las nuevas normas incluyen un capítulo relativo a “medidas disciplinarias”. Este apartado señala la posibilidad de aplicar amonestación verbal, privada o pública (en caso de reincidencia), cuando un extranjero atente contra la seguridad del inmueble o de las personas que ahí cohabitan. Sin embargo, no se ofrecen detalles acerca de los motivos, con base en los cuales el administrador podrá separar a un extranjero “por el tiempo mínimo necesario y hasta por cinco días”.
Las organizaciones civiles consideran que el separar o aislar puede constituir una violación a los derechos humanos del interno y advierten que, en ningún caso, puede consistir en incomunicación o privarlo de visitas de familiares o abogados.