Le recuerda que la Constitución es la única vía para dotar de leyes a la sociedad
Rodríguez Zapatero responde a los cuestionamientos del clero a su gobierno
Obispos católicos exigen derogar derechos de homosexuales y prohibir el divorcio
A excepción del PP todos los partidos critican la intromisión religiosa en la política
Madrid, 2 de enero. El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, respondió a las duras críticas que le ha hecho la jerarquía de la Iglesia católica que, en un mensaje alarmista, llamó a sus fieles a protestar por una serie de leyes aprobadas durante esta legislatura, en una postura afín a la del derechista Partido Popular (PP). Este encontronazo entre Iglesia católica y el gobierno español irrumpe a sólo tres meses de las elecciones generales.
La cúpula de la Iglesia católica, dirigida por un grupo de cardenales y obispos ultraconservadores, decidió vestirse la sotana para salir a las calles a protestar por una serie de reformas en materia social, sobre todo la aprobación de la ley que reconoce los derechos de los homosexuales y la que facilita los procedimientos burocráticos para el divorcio.
Así, en una serie de manifestaciones –la última el pasado 30 de diciembre–, los obispos han lanzado una retahíla de reivindicaciones críticas contra el gobierno, entre ellas exigir las derogaciones de la ley del divorcio, del matrimonio homosexual y del aborto, pero también reclaman medidas públicas para “defender a la familia”. Según la opinión de la jerarquía católica, el gobierno actual fomenta la “cultura del laicismo radical”, que califica de “fraude y engaño que sólo conduce a la desesperanza”.
Antonio María Rouco Varela, cardenal de Madrid y uno de los prelados más radicales, señaló en su mensaje del pasado domingo que “la experiencia diaria nos enseña lo que sucede a las personas y a las sociedades cuando no construyen el matrimonio y la familia sobre el fundamento sólido de la institución divina: vidas rotas por la separación irreversible entre los cónyuges, sufrimientos, desorientación y desamparo de los niños y los jóvenes afectados por la ruptura familiar, la plaga del aborto y el envejecimiento imparable de la población”.
Con este mensaje catastrofista, los obispos católicos exigen un cambio profundo en la legislación que, como en tiempos de la dictadura de Francisco Franco, de la que fueron sus principales aliados, se prohíban por ley trámites como el divorcio.
Rodríguez Zapatero respondió que la única vía para dotar de normas y leyes a la sociedad es la de la Constitución, que “garantiza la libertad a creyentes y no creyentes”. A su vez, la Comitiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE, en el gobierno) respondió a los obispos católicos con un duro comunicado en que defienden los preceptos constitucionales: “Es la Constitución la que ha garantizado la libertad religiosa y la que ha determinado que ninguna confesión tenga carácter estatal. Es esta misma Constitución, base última de los valores y principios en los que se legitima la ordenación de la convivencia en sociedad, la que ha establecido que el respeto a la ley y a los derechos de los demás es el fundamento del orden político y de la paz social”.
En otro apartado del comunicado, los socialistas añaden que “en estos cuatro años nuevas leyes han creado nuevos derechos: para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, para reconocer el derecho a contraer matrimonio a todas las personas, sin discriminación alguna basada en su orientación sexual, y para poder poner fin, en ejercicio de la libertad, a una relación conyugal rota sin tener que sufrir dilaciones injustificadas”.
En este sentido, advierten que “toda confesión religiosa tiene plena autonomía en su orden doctrinal respecto de quienes participan de ella, pero es la sociedad la que tiene, a través de sus representantes, la potestad de ordenar los principios de libertad individual y de convivencia para todos los ciudadanos. Sólo quienes deliberadamente ignoran o no respetan estos principios se apartan de los fundamentos esenciales de la democracia.”
Todos los partidos políticos, con la excepción del conservador PP, coincidieron en criticar la irrupción electoral de la cúpula de la Iglesia católica, pero sobre todo por pretender que se deroguen leyes y derechos conseguidos a lo largo de la historia, como el del divorcio y los matrimonios homosexuales.