SEP: la OCDE y las universidades
Después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –vía su representante en México, Blanca Heredia– recomendara privatizar la enseñanza media y superior, el subsecretario competente de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Rodolfo Tuirán manifestó que en este “nivel es necesario buscar otras alternativas de financiamiento”. Y enlistó las siguientes “opciones”: incrementar tanto los recursos propios como los subsidios de los gobiernos locales.
En noviembre de 2006 se conoció que los 110 trabajadores que habían obtenido un amparo para evitar ser incluidos en el régimen de jubilaciones y pensiones (RJP), que desde diciembre de 2003 se aplica a los 20 mil empleados de la Universidad de Guadalajara, podrían “perder lo ganado”, pues al ocurrir su retiro sólo les reintegrarían los recursos ahorrados y la parte correspondiente que establece la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no del fideicomiso creado por la institución.
De inmediato, Carlos Briceño, entonces secretario general de la universidad, recomendó que se “desistieran” del caso, pues “sus abogados los engañan”. Para él, el asunto es otro: suponiendo que ganaran el juicio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y que “les tengamos que regresar sus aportaciones, no van a sobrevivir cuando se jubilen con la aportación, porque regresar al viejo estado de cosas, al anterior régimen de pensiones, no es posible, ya pasó, se reformó la Ley Orgánica, que era el instrumento legal que necesitábamos para modificar el régimen pensionario”. O sea: “perderían ganando”.
Para Briceño, eso “no quiere decir que el régimen sufra un tropiezo. Por el contrario, está sólido. Hicimos una reforma de avanzada en el país, entre las universidades públicas. Es un régimen en el que participamos solidariamente trabajadores, autoridades universitarias como patrón, gobierno del estado y federal”. Y, en efecto, la reforma referida ha sido elogiada y hasta premiada económicamente por la SEP como el modelo “ideal” para las universidades públicas.
Al día siguiente, un tribunal colegiado concedió por unanimidad el amparo a los 110 trabajadores, aunque el dictamen no benefició a los restantes 20 mil, porque “su derecho a inconformarse ya prescribió”. Entonces, otro grupo de 40 trabajadores se acogió al mismo recurso, aguardando que el tribunal fallara en el mismo sentido.
El argumento de las personas amparadas reclamó que los descuentos a su salario –a partir de la reforma– eran contrarios a la Ley Federal del Trabajo, pues el artículo 110 no prescribe causa alguna para que existan descuentos que constituyan un fondo de pensiones (fideicomiso). Y fue este reclamo que logró que la inconformidad prosperara con un laudo favorable.
Después de la sentencia, su abogado informó que, por “ilegales”, quedaban suspendidos los descuentos salariales, que deberían restituírseles los montos tomados por este concepto y que se les respetarían las condiciones previas para su jubilación, siguiendo “el contrato que signaron”, además de que la sentencia podría sentar un precedente.
Pocos días antes, Arturo Contreras, rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), reconocía que la institución arrastraba un déficit por adeudos superior a mil millones de pesos.
Además de lo que se debe a los sindicatos, desde 1995 se dejó de pagar el 5 por ciento sobre la nómina para el Fovissste, más las cuantiosas aportaciones pendientes con el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Hay que sumar el 2 por ciento sobre la nómina para el Sistema de Ahorro para el Retiro –que no se cubre desde 2002–, más los adeudos por indemnizaciones, jubilaciones y renuncias del personal académico, administrativo y de intendencia –toda vez que el ISSSTE solamente reconoce 15 años de antigüedad a los trabajadores de la UAG–, así como el descuento por el impuesto sobre la renta.
Como si no fuera suficiente, también se desconocía el destino de más de 91 millones de pesos asignados por la Cámara de Diputados para regularizar la plantilla de la institución.
Frente a esto, el rector anunció que ya había solicitado a la SEP un incremento al subsidio para “al menos resolver parte de nuestros problemas financieros y hablar con el Congreso del estado y el gobernador Torreblanca Galindo, para sacar de esta crisis a la UAG”.
En febrero de 2007, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla modificó su tabla de antigüedad para las jubilaciones-pensiones de los trabajadores activos y fijó 35 años de servicio para los de nuevo ingreso.
En octubre, los académicos y administrativos de la Universidad de Sonora marcharon por Hermosillo solicitando al gobierno del estado una partida extraordinaria de 55 millones de pesos para cubrir la deuda con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (reformado en 2005), a fin de que siga prestando servicios médicos a sus 4 mil trabajadores. El sindicato de académicos comunicó que, a raíz de esas “reformas”, se elevaron sustancialmente las cuotas de los trabajadores y las nuevas reglas de jubilación “son las más injustas del país”.
Por esos días, también el Congreso local solicitó a la Universidad Autónoma de Nuevo León responder a sus trabajadores jubilados que demandaron información sobre los contratos de fideicomiso 6-7 y 7-5 constituidos por la universidad y Banca Afirme, debido a que ambas se niegan a dar datos sobre los estados de cuenta y rechazan una auditoría.
Pero Tuirán (después de haber sido señalado desde la Universidad de Sinaloa por condicionar recursos adicionales al despido de personal académico, reformas al contrato colectivo de trabajo y modificaciones al RJP) exigió que, además de extender los procesos de evaluación y acreditación, las instituciones de educación superior revisen “su organización, estructura, enfoques y responder con mayor calidad”.
*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco