Usted está aquí: jueves 27 de diciembre de 2007 Mundo Pide Italia a la Interpol informes sobre cinco ex represores paraguayos

Decepcionados con Lula, familiares de víctimas de la dictadura

Pide Italia a la Interpol informes sobre cinco ex represores paraguayos

Reuters y Afp

Asunción, 26 de diciembre. La justicia de Italia solicitó a la Interpol de Paraguay informes sobre cinco ex represores locales acusados de haber participado en la Operación Cóndor, informó este miércoles el titular de la filial policial internacional, Armando Barboza.

Uno de los reclamados es el ex ministro del Interior Sabino Montanaro, exiliado en Honduras, el ex comisario Alberto Cantero, actualmente en prisión, y Rubén Sosa Arrúa, con paradero desconocido. Los otros dos son los generales Alejandro Fretes Dávalos y Galo Escobar, quienes desempeñaron altas funciones militares durante el régimen de Alfredo Stroessner (1954-1989), pero ambos ya fallecieron.

Un juez italiano emitió el lunes órdenes de arresto contra 140 latinoamericanos involucrados en la Operación Cóndor, la persecución coordinada de izquierdistas y disidentes por las dictaduras del Cono Sur en las décadas de 1970 a 1980, con base en denuncias de familiares de desaparecidos italianos.

El único detenido el lunes en Salerno, Italia, el ex militar uruguayo Jorge Tróccoli, acusado de la desaparición de algunos ciudadanos italianos durante la dictadura que gobernó su país entre 1976 y 1977, se declaró inocente y dijo que sólo cumplía órdenes, indicó su abogado Adolfo Domingo.

Añadió que su cliente niega hechos que podrían ser reales, “pero no por eso relacionados con él, así como no pueden ser probados debido al tiempo transcurrido”.

Tróccoli está recluido en la prisión de Regina Coeli, y según una fuente cercana al caso en Uruguay, se pediría la extradición del ex militar por vía diplomática.

En Brasil, movimientos defensores de los derechos humanos y el gremio de abogados del país celebraron la orden de arresto de la justicia italiana contra 13 represores de la dictadura brasileña, entre 1964 a 1985, aunque lamentan que difícilmente sean penalizados porque la Constitución del país impide su extradición.

El Ministro de Justicia de Brasil, Tarso Genro, dijo que por el tratado de extradición entre los dos países, Brasil no está obligado a entregar la persona requerida por Italia, pero puede encaminar un pedido de investigación dentro del propio país.

No obstante, resaltó que “si instaláramos el procedimiento (de investigación) podría ser archivado con base en la ley de amnistía de 1979, que hizo prescribir los crímenes cometidos durante la dictadura militar (1964-85) ”.

El presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Cezar Britto, afirmó que la justicia italiana ha hecho lo que hace mucho debió haber hecho la brasileña, mientras las familias de torturados y desaparecidos expresaron su decepción por la falta de acción del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.

 
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