Usted está aquí: domingo 23 de diciembre de 2007 Política PRI y PAN consideraron riesgo para políticos el acceso de la PGR a información fiscal

Al blanquiazul le preocupaba que los datos se utilizaran para investigar a Fox

PRI y PAN consideraron riesgo para políticos el acceso de la PGR a información fiscal

Para el PRD, en la reforma en materia de justicia los del tricolor cedieron ante Calderón

Andrea Becerril

Las fracciones del PAN y el PRI avalaron el único cambio de fondo que se hizo en el Senado a la reforma constitucional en materia de justicia y seguridad pública, ya que consideraron muy riesgoso para políticos y ex funcionarios que el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) tenga acceso directo a la documentación fiscal, financiera, bursátil e incluso electoral de los ciudadanos, aun en el caso de investigaciones en materia de delincuencia organizada.

En versión de legisladores que participaron en las negociaciones, los panistas aceptaron que se suprimiera el párrafo 10 del artículo 16 constitucional, por temor a que su contenido pudiera usarse en probables investigaciones futuras en torno al presunto enriquecimiento ilícito del ex presidente Vicente Fox o su actuación en las elecciones de 2006.

Ese párrafo no fue incluso objetado por los perredistas Pablo Gómez, Ricardo Monreal y Tomás Torres, quienes centraron sus críticas y cuestionamientos –tanto en las discusiones en comisiones dictaminadoras como en el debate ante el pleno los pasados 13 y 14 de diciembre– en otras partes de ese artículo 16 constitucional, sobre todo en lo que se refiere a los cateos, allanamientos policiacos e intervenciones telefónicas sin alguna orden judicial, a la incomunicación de reos y otros puntos de la reforma judicial que vulneran derechos fundamentales.

Antes de que se discutiera en el pleno, PRI y PAN decidieron modificar el párrafo 12 de ese artículo de la Carta Magna, para matizar el ordenamiento que permite a la policía irrumpir en domicilios particulares sin orden de un juez. Cerraron la posibilidad de allanamientos policiacos tan sólo por “información” de amenaza a la vida o la integridad física de las personas.

Lo que se eliminó por completo fue el párrafo décimo del mencionado artículo 16. La mañana del 13 de diciembre, los senadores del PRI y el PAN habían cambiado la redacción contenida en la minuta de los diputados, en la que se establecía que el titular de la PGR, en los casos de delincuencia organizada, “tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga carácter reservado, cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito”.

Los senadores llevaban ya un proyecto en el que se especifica que “el Ministerio Público de la Federación, autorizado en cada caso por el procurador general de la República”, es el que tendrá acceso directo a documentación de todo tipo, desde financiera hasta electoral de inculpados.

Termina por ceder

Aunque priístas y panistas se mostraron renuentes a modificarle la plana a los diputados, en la reunión de comisiones previa a la sesión en que se votó la reforma constitucional en materia de justicia, el propio presidente de la Comisión de Gobernación y secretario general del PRI, Jesús Murillo Karam, propuso eliminar todo el párrafo.

El PAN estuvo de acuerdo, ya que hay el temor de los blanquiazules de que la oposición pueda ponerse de acuerdo para exigir, con base en ese ordenamiento, revisar documentos que tienen que ver con irregularidades cometidas por el ex presidente Fox, tanto en asuntos financieros como electorales.

A juicio del coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, la reforma constitucional en materia de justicia se aprobó a pesar de que contiene aspectos que violentan el régimen de seguridad jurídica y garantías individuales del país, que consagró el Constituyente de 1917, debido a “una actitud obsequiosa de los diputados del PRI”.

Fue en San Lázaro, recalcó, donde los legisladores del tricolor decidieron ceder a las demandas de Felipe Calderón y entregarle una reforma que da a los cuerpos policiacos y al Ministerio Público Federal la facultad de allanar domicilios sin orden del juez y otras acciones que van contra derechos fundamentales.

 
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