Los defensores del gobierno desdeñan lo principal del tomo, la reconstrucción de hechos
El Libro blanco de Acteal, escudo para los responsables
San Cristóbal de las Casas, Chis. 19 de diciembre. La activación jurídica y mediática que ha tenido la masacre de Acteal desde el punto de vista de los paramilitares presos y procesados por los hechos, se fundamenta, en lo general, en el informe de más de cien páginas (más mapas, cuadros y notas) de la Procuraduría General de la República (PGR), difundido hace exactamente nueve años, con el desconcertante título de Libro blanco sobre Acteal (19 de noviembre de 1998). A él se remitió semanas atrás el ex presidente Ernesto Zedillo para sostener que la investigación era buena (y su conciencia estaba en paz).
Es de actualidad entonces revisar la versión oficial, pues en ella se basa la impunidad de los responsables de mayor nivel, sobre todo a escala federal. Además, la “nueva” versión de algunos hechos apunta a que la masacre fue “batalla”, los más de cien atacantes habrían sido exactamente nueve, y habría otra contraparte “derrotada”, pero no tanto como para no poder regresar al sitio y alterar la “escena del crimen”. Esto contradice la versión oficial, que por lo demás asumen los defensores de los paramilitares y el propio gobierno federal.
Como se reiteró en días pasados, durante el coloquio internacional en honor a Andrés Aubry, las luchas sociales deben tener sus historias verdaderas y bien fundadas. Saben, y esto los indígenas mejor que nadie, que el poder opondrá sus propias historias, y las amplificará, esperando que con ruido opacará el testimonio y la experiencia de los protagonistas, víctimas de una estrategia elaborada y desarrollada meticulosa, científicamente, desde casi dos años antes del clímax de violencia en la hondonada de Acteal.
El documento de la PGR declara no contener “apreciaciones subjetivas ni políticas”. Abre con “un análisis histórico, social, cultural y político de Chenalhó, imprescindible para comprender una parte importante de los sucesos violentos desencadenados en 1997 en ese municipio, como son los derivados de la disputa por el banco de arena de San José Majomut, muy cercano a las poblaciones de Acteal, Polhó y Queshtic, relevantes en la investigación de los lamentables acontecimientos del 22 de diciembre de 1997”.
Dedica un capítulo especial al diálogo de Las Limas, “importante en la medida que captó los puntos que más preocupaban a las partes enfrentadas y sentadas en la mesa de negociación (simpatizantes priístas y miembros del ‘Concejo Municipal Autónomo de Polhó’)”. Sigue el tema de los servidores públicos en tres aspectos: “uno lo vincula directamente con los lastimosos sucesos de Acteal; otro, su participación en delitos con acciones de complicidad en transporte y posesión de armas de fuego, y el tercero toca el punto de la procuración de justicia antes del 22 de diciembre de 1997”. Finalmente, el Libro blanco llega “al punto que analiza la planeación, preparación y ejecución del delito del 22 de diciembre”.
Si bien dirigido a la opinión pública, el libro de la PGR sólo se difundió en instancias federales, medios de comunicación y restringidos recintos académicos. Era posible consultarlo, mas nunca fue un volumen accesible para el público lector. No obstante, ha sido citado por algunos autores como la fuente fundamental del tema (desde Hirales, 1998, hasta Aguilar Camín, 2007).
La más reciente resurrección del Libro blanco sobre Acteal recorre la historia contada en la revista Nexos (octubre, noviembre y diciembre de 2007) por Héctor Aguilar Camín, que busca apuntalar, explícitamente, la versión impulsada por la defensa de los paramilitares presos. Es tan aplastante la presencia del Libro blanco que repetidamente lo usa sin entrecomillar, lo cual en otras circunstancias sería plagio, pero aquí parece simbiosis.
El libro de la PGR no es homogéneo. Incluye un resumen etnográfico de evidente factura académica, y una reseña histórica sobre Las Abejas, el municipio autónomo de Polhó (visto como ilegal) y otros aspectos, para llegar a la revisión de los “agravios” entre las partes antes de la masacre.
A partir de aquí esta “fuente de fuentes” sigue, casi sin excepción, decenas de averiguaciones previas del Ministerio Público, que entonces fue parcial pues sólo consideró versiones y denuncias de una de las “partes”, el municipio oficial de San Pedro Chenalhó (cuyo titular, Jacinto Arias Cruz, está hoy en prisión) y sus seguidores, los paramilitares. La otra fuente son informaciones del diario tuxtleco Cuarto Poder, en ese tiempo activo vocero del gobierno priísta estatal y de la Secretaría de la Defensa, y que siempre respaldó al alcalde pedrano, aun cuando cayó preso. Una mención esporádica a La Jornada, y otra al entonces diario de la Secretaría de Gobernación, El Nacional, apenas rompen la monotonía de las notas a pie de página.
Esto, y poco más, fundamenta la versión del Libro blanco sobre los acontecimientos previos a la matanza. En consecuencia, el hilo argumental de la nueva revisión histórica se remite a esos MP y Cuarto Poder, elementos bastante pobres para el trabajo histórico. Pero luego el informe de la PGR se pone interesante, al reconstruir meticulosa y policialmente la actuación de los mandos policiacos que rondaron Acteal mientras sucedían los hechos. Es una lástima que los nuevos relatores y los abogados de los presos se vean obligados a desdeñar el relato de la PGR en este punto, el más revelador y útil de todo el libro, y que de hecho apunta con elocuencia, aunque modestamente, a la responsabilidad oficial no sólo ese 22 de diciembre, sino en todo el proceso.
Quien desee emplear este libro como fuente, debería empezar por el final, y desde ahí recuperar la historia.