Usted está aquí: martes 18 de diciembre de 2007 Mundo Residentes uruguayos en Argentina celebran detención de Gregorio Álvarez

Este caso fortalecerá los elementos para el juicio a Videla, también implicado en Cóndor

Residentes uruguayos en Argentina celebran detención de Gregorio Álvarez

La mayoría de las víctimas pasó por el centro de detención de automotores Orletti

Testimonios de sobrevivientes permitieron conocer la identidad de los torturadores

Stella Calloni (Corresponsal)

Buenos Aires, 17 de diciembre. La comunidad de uruguayos residentes en Argentina celebró hoy la detención en Uruguay del ex general Gregorio Álvarez, el último presidente de la dictadura militar de ese país (1973-1985), a quien se le acusa de ser responsable de la desaparición de dos decenas de ciudadanos durante la Operación Cóndor, el esquema de coordinación de las dictaduras represivas del cono sur en los años 70.

En este caso se trata de unos 20 uruguayos secuestrados en Argentina por fuerzas conjuntas de las dictaduras de ambos países y trasladados en vuelos clandestinos al país vecino del norte, donde nunca más se supo de ellos. Aún viven en Argentina familiares y víctimas sobrevivientes de esa operación de contrainsurgencia que pactaron las dictaduras.

El dictador Álvarez también figura acusado en los juicios contra los responsables de Cóndor que se desarrollan en la justicia federal argentina y había eludido sus responsabilidades, hasta que el pasado 5 de diciembre fue citado a declarar en su país como imputado en delitos de lesa humanidad.

Este caso, como otros que se llevan adelante en Paraguay y Uruguay reforzarán los elementos para el juicio oral al que serán llevados los principales responsables de Cóndor aquí, entre ellos el ex dictador Jorge Rafael Videla.

La mayoría de uruguayos secuestrados y desaparecidos en Argentina y los que fueron trasladados en varios vuelos ilegales a su país de origen pasaron por el temible Centro Clandestino de Detención de Automotores Orletti, de donde fueron llevados.

La difusión internacional del caso de Claudia García de Gelman, quien fue llevada embarazada a Montevideo en 1976 en un grupo de uruguayos desde Orletti, sirvió de detonador para que el gobierno de Tabaré Vázquez hiciera uso de un punto específico de la Ley de Caducidad (de impunidad) impuesta desde 1986 en Uruguay, y se abriera ese juicio.

María Claudia, cuyo esposo Marcelo Gelman fue asesinado y desaparecido y su cuerpo encontrado años más tarde en un tonel de aceite con cemento en el fondo de un río cerca de Buenos Aires, tuvo una niña en un centro clandestino de Uruguay, que le fue robada y entregada a la familia de un policía.

La niña, encontrada en 2000 por su abuelo el escritor argentino Juan Gelman, es hoy una joven (Macarena), que lleva adelante un juicio para saber el destino de su madre.

Además del “caso Gelman” siguieron otros que constituían delitos de lesa humanidad no prescriptibles, lo que permitió un avance en Uruguay en el tema de Cóndor. A su vez, las investigaciones sobre Orletti en Argentina, nuevos documentos y testimonios y los juicios en marcha aquí, permitieron anudar datos y conocimientos.

El ex dictador Álvarez figuraba en la lista de los primeros acusados en Argentina por la participación en Cóndor, junto a Videla, los ex dictadores Augusto Pinochet de Chile, Alfredo Stroessner de Paraguay y Hugo Bánzer de Bolivia.

No podía negar Álvarez su participación en Cóndor porque antes de ser presidente de facto, en 1978, había sido comandante en jefe del ejército y asumió la responsabilidad sobre las acciones de sus subordinados.

En su momento el juez argentino Néstor Blondi afirmó que los militares uruguayos José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Hugo Campos Hermida, Jorge Silveira y Enrique Martínez habían estado aquí como “personal asimilado” del ejército argentino. El magistrado hizo esta referencia en una resolución que en 1988 fundamentaba un pedido de extradición a la justicia uruguaya.

En 2001, el juez Rodolfo Canicoba Corral integró estas y otras pruebas sobre la presencia de militares uruguayos en Buenos Aires en la documentación que fundamentó otro pedido de extradición, aún en trámite, a pesar de que el gobierno de Jorge Batlle le negó la información sobre las operaciones militares uruguayas en Argentina en los 70, solicitada previamente.

Los testimonios de las víctimas sobrevivientes de Orletti, como Sara Méndez, Ana Inés Quadros, Ana María Salvo Sánchez, Alvaro Nores, Alicia Raquel Cárdenas, Ariel Rogelio Soto Loureiro y tantos otros detenidos en Buenos Aires y llevados al centro de tortura y muerte de Automotores Orletti, permitieron conocer la identidad de los torturadores y secuestradores uruguayos y argentinos.

 
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