Denuncian represalias en su contra por denunciarlas
Empleados del TCA piden a la ALDF acotar irregularidades
La situación existente, motivo para cesar a magistrado, dicen
Ante la serie de anomalías cometidas en la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF), encabezada por Jaime Araiza Velásquez, un numeroso grupo de empleados de esa institución acudió ante la Asamblea Legislativa para solicitar la intervención de los diputados, a fin de que se analice esa situación, pues algunos de los hechos ocurridos serían motivo suficiente para destituirlo e inhabilitarlo del cargo, señalaron.
Los inconformes son, fundamentalmente, secretarios de acuerdos, defensores de oficio, asesores del público, técnicos en abogacía y actuarios de las distintas salas que integran el TCADF, y si bien se identificaron plenamente, pidieron el anonimato ante las represalias que existen en su contra.
De hecho, el grupo de empleados del Contencioso entregaron un documento a los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en el cual detallan las situaciones que han ocurrido en dicho órgano autónomo y que van en contra de prácticamente la totalidad de sus trabajadores.
Incluso, detallan que la última situación que ocurrió fue que por un error atribuible al área administrativa se les quiere aplicar una doble tributación. Según dijeron, se cayó en un error en el pago del impuesto sobre la renta por cerca de un millón 700 mil pesos, que ahora quieren que paguen los trabajadores.
La reunión del personal del TCADF con los legisladores se realizó el pasado jueves en uno de los salones de la ALDF, en donde Tomás Pliego, vicepresidente de la mencionada comisión, se comprometió a tomar cartas en el asunto, e incluso les mencionó las iniciativas de reformas en que trabajan los diputados, que irían enfocadas a quitarle el monopolio de las decisiones políticas, administrativas y económicas a la Sala Superior del tribunal, y transparentar el uso de los recursos públicos.
Durante la reunión y en entrevista posterior, los secretarios de acuerdos destacaron casos como el “bono” o “aguinaldo dos” que por más de 100 mil pesos se otorgaron los magistrados, y con él un subsidio de 50 por ciento al pago del ISR, sólo para ellos y no para los trabajadores que recibieron el mismo beneficio, pero no en el mismo monto económico.
Aunado a ello, recordaron el caso del fideicomiso que aprobó crear la Sala Superior para conformar un fondo de retiro exclusivo para los magistrados y que estaba integrado con los impuestos que les retuvieron por años a los empleados del TCADF, y que no fue reportado a la Secretaría de Hacienda, tal y como marca la ley.