Usted está aquí: jueves 13 de diciembre de 2007 Política Modifican ley para mejorar la asesoría jurídica a indígenas

En la penúltima sesión del periodo ordinario, exigen transparentar la ayuda a Tabasco

Modifican ley para mejorar la asesoría jurídica a indígenas

Patrones absorberán pago de comisiones cuando depositen salarios en tarjetas de débito

Roberto Garduño y Enrique Méndez

Ampliar la imagen Las actividades en el penúltimo día de trabajos del periodo ordinario fueron intensas. Se debatieron las reformas para la justicia penal, entre otros muchos temas Las actividades en el penúltimo día de trabajos del periodo ordinario fueron intensas. Se debatieron las reformas para la justicia penal, entre otros muchos temas Foto: Cristina Rodríguez

En una frenética sesión, debido a que es la penúltima del periodo ordinario, la Cámara de Diputados aprobó una amplia lista de reformas a distintas leyes y puntos de acuerdo. Entre las modificaciones se aprobó adicionar la Ley Federal de Defensoría Pública para garantizar una debida asesoría jurídica a pueblos y comunidades indígenas, así como una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que los patrones paguen las comisiones que sus trabajadores realicen por retiros y consultas, si el pago de su nómina se hace por medio de tarjeta de débito.

También el pleno solicitó al gobierno federal, por medio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informe sobre la entrega y aplicación de los recursos recabados para apoyar a los damnificados en Tabasco, porque persiste la idea de que pudieran desviarse a otros propósitos distintos a los de la ayuda y la reconstrucción.

Respecto de la asesoría jurídica a las comunidades originarias, la Cámara aprobó por 370 votos en favor, cero en contra y dos abstenciones la adición del artículo 20 bis de la Ley Federal de Defensoría Pública, con la meta de garantizar el derecho a la defensa en materia penal de los indígenas, mediante el acceso a la jurisdicción en su lengua original.

El dictamen de la Comisión de Justicia aprobado ayer establece que si bien la reforma en materia de derechos y cultura indígenas reconoció un conjunto de garantías a los pueblos y comunidades, en el caso de las de carácter jurídico, se tradujo en “un abismo entre la garantía formal y su efectiva aplicación”.

Por ello, la reforma prevé que para garantizar el derecho a la defensa en materia penal y la asesoría jurídica en favor de las personas pertenecientes a comunidades indígenas, el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura de los pueblos.

Con el propósito de que pueda cumplir con esa obligación, el instituto deberá celebrar convenios de colaboración con instituciones que puedan coadyuvar y promoverá la formación de defensores públicos y asesores jurídicos indígenas bilingües .

Asimismo, por 369 votos en favor, el pleno aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo 101 de la Ley Federal de Trabajo, para definir que sólo con el consentimiento de los trabajadores, sus empleadores podrán liquidar sus salarios por medio de pago en nómina electrónica, y el patrón absorberá los costos de las comisiones.

El dictamen señala que los ingresos de los trabajadores sufren una merma real, debido a que las comisiones son inmediatamente deducidas de su cuenta bancaria.

Por otra parte, a propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el pleno aprobó exhortar a la CNBV para que agilice la entrega de aportaciones recabadas en los diversos bancos del sistema financiero para apoyar a los damnificados de Tabasco.

El punto de acuerdo resalta que, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México, hasta el 5 de diciembre se habían recabado 262 millones 866 mil 86 pesos, monto que se consideró debe entregarse cuanto antes.

Asimismo, y a 18 meses de iniciado el conflicto magisterial en Oaxaca, el pleno aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz a informar sobre los avances y resultados de la rezonificación salarial de los profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

También se hizo un llamado a la Secretaría de la Función Pública para que informe el resultado de las investigaciones sobre las irregularidades en que incurrió la empresa Gutsa en la rehabilitación de la carretera México-Acapulco, y en la construcción de la biblioteca José Vasconcelos.

 
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