Rechazan agenda conservadora en derechos humanos
Organizaciones defensoras de los derechos humanos pidieron a la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, que en el proceso de reforma del Estado se introduzca el tema, pero que no se limite a acuerdos mínimos entre las fuerzas políticas, que en algunos casos suponen la imposición de una agenda moral conservadora –que resulta incompatible con el desarrollo progresivo de esos derechos–, sino que respondan a las exigencias de la deliberación plural y abierta, considerando las propuestas de otros integrantes de la sociedad.
En el contexto del 59 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, una veintena de organizaciones no gubernamentales sostuvieron que es urgente definir nuevos diseños institucionales y prácticas de gobierno y otras formas de convivencia social basadas en el respeto irrestricto de la dignidad humana.
Lo anterior, adujeron, ante el endurecimiento de las políticas de seguridad pública y la creciente criminalización de la movilización social, así como las interpretaciones restrictivas de esos derechos por los tribunales de justicia y las cotidianas violaciones a los mismos.
Consideraron que el actual proceso de reforma del Estado es el marco propicio para la deliberación democrática de los problemas que aquejan a la sociedad y con el fin de llevar a cabo el cambio institucional que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos.
“Sólo una reforma integral en materia de derechos humanos logrará poner a la Constitución en plena armonía con los estándares internacionales y, a la vez, dará respuesta a la realidad social que viven millones de mujeres y hombres en el país.”
Insistieron en que esos cambios deben sustentarse en la propuesta de reforma que el pasado 17 de octubre presentaron las organizaciones de la sociedad civil a las comisiones de derechos humanos del Senado y la Cámara de Diputados, en la cual proponen que se incorporen explícitamente garantías que hasta ahora no se encuentran reconocidas en la Constitución.
Las organizaciones –entre ellas la Asociación Interamericana de Defensa del Ambiente, Católicas por el Derechos a Decidir, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– demandaron también que se garantice la más alta jerarquía y eficacia normativa de esos derechos dentro del orden jurídico mexicano, así como que se incorpore transversalmente la perspectiva de género.