Usted está aquí: martes 11 de diciembre de 2007 Política Esperaba ONU pronunciamiento “más amplio” de los ministros

Aún pueden indagar la explotación infantil: Incalcaterra

Esperaba ONU pronunciamiento “más amplio” de los ministros

José Antonio Román

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) esperaba, “sinceramente”, un pronunciamiento más amplio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la periodista Lydia Cacho, señaló el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amérigo Incalcaterra. “Hubiera sido una oportunidad importante para refrendar esos principios que el país ya tiene ratificados”.

Recomendó elaborar un “plan de acción concreto” en materia de derechos humanos, pues no basta firmar todos los tratados internacionales existentes, como lo ha hecho México, si estas reglamentaciones jurídicas quedan pendientes en sus respectivas ejecuciones.

Las herramientas y disposiciones legales están ahí, pero ahora es necesario que se transformen en acciones concretas, para que en el transcurso de los próximos años los habitantes de este país puedan ver reflejada una mejoría en sus vidas cotidianas, indicó.

Entrevistado en la presentación del informe El derecho a una vida libre de discriminación y violencia: mujeres indígenas de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, Incalcaterra sostuvo que la tortura “sigue siendo un tema pendiente” en el país.

Sobre el caso Lydia Cacho consideró que la resolución de la Corte de ninguna manera impide que otros órganos del Estado mexicano, especialmente las procuradurías de Justicia de Quintana Roo y Puebla, así como la General de la República (PGR), investiguen sobre la red de pornografía y explotación sexual de menores, temas en los que la ONU tiene una especial preocupación.

“Hubiéramos deseado sinceramente un pronunciamiento más amplio de la Corte en relación con muchos temas; pensábamos que se podían dar mensajes claros en materia de condenar y solicitar investigar redes de pornografía, condenar toda forma de tortura, solicitar a los distintos órganos las investigaciones pertinentes y expresar la importancia de la libertad de expresión”, dijo Incalcaterra, quien precisó que la SCJN no está para investigar, pero podía haber propuesto que las pesquisas se realizaran. “Eso es lo que esperábamos”.

Para el funcionario de la ONU, con esta resolución el país no aprovechó la oportunidad de refrendar los principios universales que paradójicamente ya tiene ratificados mediante los acuerdos internacionales, y que se ha obligado a cumplir.

Tras evadir la pregunta sobre la forma en que ésta resolución afecta el ánimo de la sociedad y de los individuos que luchan en pro de estos derechos, señaló que México cuenta con muchas personas interesadas en seguir trabajando en este tema, y “esperamos que sigan trabajando en favor de ellos”.

En el acto, el cual se realizó en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, la investigadora Alicia Mesa presentó el citado informe –auspiciado por la ONU y la Unión Europea–, en el cual señala que la desigualdad, la ausencia del reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y, en algunas entidades, de una débil transición a la democracia, han sido generadoras de violencia política en Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

Destaca los casos de impunidad, pues aunque existen hechos de violencia contra las mujeres indígenas, éstos no se sancionan ni se procesa a los responsables.

 
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