Pese a pruebas contundentes, optó por desechar la investigación sobre pederastia
La Corte reconoció el grave estado de indefensión de menores violados
Dictamen de Silva Meza señala que el MP y el DIF no brindan atención a las víctimas
En ocasiones “los jueces son insensibles” al exigir a afectados detallar el ataque, afirma
La manera en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la investigación sobre pornografía infantil y redes de pederastia relacionadas con el caso Lydia Cacho Ribeiro contrasta con el contenido del dictamen que elaboró el ministro Juan N. Silva Meza, quien describió el estado de indefensión en que se encuentran los menores que son abusados sexualmente.
El documento, que se integrará como “voto particular” a la sentencia en la que la Corte exoneró al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, de violar gravemente las garantías individuales de la autora del libro Los demonios del Edén, da cuenta de la falta de atención de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la Unión en atender la grave situación los miles de niños y niñas que son abusados sexualmente.
El texto, cuya copia tiene La Jornada, cuestiona que pese a la evidencia que hay sobre la existencia de redes de pederastia en México (fáciles de detectar a través de Internet), ninguna autoridad “cibernética” (la Policía Federal Preventiva se ufana de contar con un departamento especializado), como tampoco las procuradurías de justicia de Puebla y Quintana Roo tienen abiertas averiguaciones previas al respecto.
Por otra parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no atiende a víctimas de estos delitos.
El pasado 26 de noviembre, el pleno eliminó del dictamen final lo relativo a redes de pederastia, con el argumento de que este tema no tenía relación con el caso de la periodista.
Sólo los ministros Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo convalidaron la violación “reiterada y sistemática” de las garantías individuales y derechos fundamentales en perjuicio de los menores; Olga Sánchez Cordero planteó que el tema de la pederastia no fuera excluido del dictamen final, mientras que José Ramón Cossío propuso infructuosamente que la Corte hiciera un exhorto a los tres poderes de la Unión para que, en el ámbito de su competencia, atiendan el problema.
Silva, el único ministro que ha sido juez y magistrado penal, señalaba que se detectó “una indeterminada cantidad de material pornográfico en Internet”, en donde se ofrecen servicios sexuales con menores de edad y, sin embargo, no existe ninguna averiguación previa sobre el asunto.
Las Procuradurías de Quintana Roo y de Puebla afirmaron en sendos informes rendidos ante la comisión que presidió Silva Meza que no tenían conocimiento alguno de la existencia de redes de pornografía infantil en sus estados.
Cinco menores que fueron violadas rindieron su testimonio ante la comisión. Como resultado de su declaración, se concluyó que “la denuncia periodística (contenida en el libro Los demonios del Edén) sólo es un pequeño esbozo de la grave situación en la que se encuentra un gran número de menores”.
La comisión tuvo conocimiento de 9 mil 85 casos denunciados ante las procuradurías General del República y de Puebla y Quintana Roo; además, revisó 857 expedientes de casos de abuso sexual infantil y las conclusiones fueron las siguientes:
El Ministerio Público no proporciona atención médica ni sicológica a las víctimas ni le da seguimiento a los asuntos; se giran órdenes de captura de agresores y no se cumplimentan; los menores son careados con su agresor; los jueces no disponen medidas para atender médica y sicológicamente a los afectados; los jueces en ocasiones son “insensibles a la problemática”, pues le exigen a los denunciantes detallar las circunstancias como ocurrió el ataque y cuando ocurren “imprecisiones” estiman que no se acreditó el delito.
Respecto del DIF (cuyo consejo consultivo ciudadano es encabezado por Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón), el texto señala que el artículo tercero del Estatuto Orgánico del organismo establece su obligación de atender a la población vulnerable.
Sin embargo, sobre la situación de la población infantil que es abusada sexualmente, la directora de Protección a la Infancia respondió a la comisión investigadora: “no tengo conocimiento de lo que me preguntan, puesto que no llevamos nosotros ese tipo de casos dentro de la institución…”
En su conclusión, el dictamen señala: “la desatención por parte de las autoridades a los menores que son víctimas de abuso sexual es alarmante y debe calificarse por la SCJN, sin lugar a dudas, de grave violación a los derechos fundamentales de los menores”.
Sin embargo, la mayoría consideró que la Corte no tenía por qué abordar el tema de la pederastia.