Ojarasca 128 diciembre 2007
"Contracumbre” de pueblos indígenas demanda
cumplimiento de acuerdos y respeto a sus derechos
Representantes de las organizaciones convocadas por el Consejo de Todas las Tierras mapuche y el Parlamento Indígena de América (PIA), se reunieron en Santiago de Chile, en el contexto de la Cumbre de Presidentes Iberoamericanos, y reafirmaron sus derechos y libertades fundamentales como pueblos preexistentes a los Estados-gobiernos. El 10 de noviembre emitieron una declaración de la cual presentamos sus contenidos principales.
Afirmamos la necesidad de que estas Cumbres de presidentes superen el carácter retórico y se traduzcan en acciones para el cumplimiento fiel de los compromisos socio-económicos, ambientales y de derechos humanos asumidos en diversos instrumentos internacionales y la verdadera cooperación internacional, superando las profundas diferencias producto de viejas y nuevas relaciones coloniales y neocoloniales.
La erradicación de la pobreza implica un reconocimiento y protección de los derechos tangibles e intangibles relativos a las tierras y territorios, recursos hídricos, suelo y subsuelo, la protección al conocimiento y sabiduría ancestral, el control y respeto a la biodiversidad y el derecho a la libre determinación.
Valoramos la adopción de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y muy particularmente el reconocimiento del derecho a la libre determinación y los derechos relacionados con las tierras, territorios y sus recursos. Entendemos que todos los derechos contenidos en dicho instrumento tienen plena vigencia, y de él derivan obligaciones jurídicas para los gobiernos, por lo que cualquier violación a los derechos contenidos en la Declaración la interpretamos como un incumplimiento del derecho internacional y los derechos humanos de los pueblos indígenas por parte de los gobiernos.
Demandamos la armonización de los marcos jurídicos y constitucionales de los Estados según el espíritu y principios de la Declaración de las Naciones Unidas. Es necesario que los gobiernos se comprometan a su elaboración mediante un proceso de consulta democrática con los pueblos. Celebramos que Bolivia haya incluido en su ordenamiento jurídico la Declaración.
Los Estados legítimamente constituidos deben reconocer la naturaleza multicultural, multilingüe, multiétnica, superando el lastre sociopolítico del Estado centralista, asistencialista y clientelar que niega la naturaleza y la contribución que hacemos, la riqueza que encarnamos los pueblos indígenas y el resto de los actores sociales, reconocida en la Convención Internacional sobre Protección y Fomento de la Diversidad Cultural de la UNESCO.
Los acuerdos de libre comercio e inversiones, tanto bilaterales como multilaterales, establecidos por los gobiernos, han afectado intrínsicamente todos los derechos colectivos de los pueblos, particularmente los proyectos e inversiones en sus ancestrales y tradicionales territorios de parte de las compañías nacionales y trasnacionales. De gran impacto negativo han sido los proyectos forestales de monocultivos en depredación de la biodiversidad, la prospección y extracción de las compañías mineras, los megaproyectos hidroeléctricos, las actividades de las compañías farmacéuticas, la piratería intelectual y la biopiratería.
Demandamos la suspensión del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, conocida como “ley de la Semilla”, que pretende imponernos una inaceptable obligación de entrega a las empresas multinacionales de nuestro trabajo y saberes milenarios sobre las semillas; mismos que no permitiremos que sean patentados. Rechazamos los compromisos obligatorios de los tratados que ponen en riesgo la soberanía alimentaria y la identidad de pueblos Indígenas y campesinos como es el caso de México con la apertura definitiva a las importaciones de maíz, frijol, y leche bajo el TLCAN.
Exigimos la despenalización de la protesta social. Las medidas extremas con leyes antiterroristas están reñidas con los principios básicos de cualquier sistema democrático
Durante la última década se han intensificado las medidas jurídicas y políticas de criminalización de las legítimas luchas de los pueblos y los movimientos sociales del hemisferio. Las medidas extremas que han tomado los Estados aplicando leyes antiterroristas y de seguridad interior, están abiertamente reñidas con los principios elementales de los derechos humanos, en contradicción con principios básicos de cualquier sistema democrático y se alejan de los Estados de derecho legítimamente constituidos.
Exigimos la despenalización de la protesta social y cumplir con las obligaciones jurídicas internacionales de dar todas las garantías para su expresión sociopolítica, entendiendo que es un derecho humano básico de la democracia, y constituye la expresión de la propia voz en el espacio público y la moviliza ción de demandas legítimas e históricas.
Exigimos a los gobiernos la libertad de todos los presos de conciencia o presos políticos indígenas que han luchado por el cumplimiento de los derechos de nuestros pueblos.
Las mujeres indígenas son victimas de la negación de sus derechos elementales, con la desprotección y el incumplimiento de los instrumentos internacionales. Los sistemas de gobiernos han puesto en desventaja a la mujer en su efectiva participación en los espacios de poder, y en el respeto de los derechos sexuales, reproductivos y a una vida libre de violencia y discriminación.
En el marco de los conflictos armados internos y de alcance internacional en América los gobiernos han diseminado minas antipersonal en los ancestrales territorios de los pueblos indígenas, como en el norte de Chile, en Colombia, Nicaragua, Perú y Ecuador, entre otros. La permanencia de las minas antipersonal en los territorios indígenas, particularmente de aquéllos que viven en las fronteras constituye una amenaza permanente y representa un freno para el desarrollo, la integración y la convivencia pacífica. Exhortamos a los gobiernos a cumplir la Convención de Ottawa sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción.
Consejo de Todas las Tierras Mapuche, Chile. Parlamento Indígena de América PIA, Bolivia y Venezuela. Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio. Consejo Indígena de Pueblos Náhuatl y Chorotegas, México Nicaragua/COMPA. Consejo Pewenche de Lonquimay, Chile. Asociación Indígena de la Republica de Argentina, AIRA. Consejo de Autónomo Aymara, Chile. Ministerio Poder Popular Pueblos Indígenas, Venezuela. Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa. Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Sumac Llajta II Región, Chile. Consejo de Ayllus y Marcas del Collasuyu Conamac, Bolivia. Confederación Sindical de Comunidades de Bolivia. Asociación Codima Copiapo III Región, Chile. Llamado Mundial a la Acción contra la Pobreza, Perú. Red para la Participación Indígena, Chile.
Familia Galabes-Carrilo, pimas, Sonora